La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a funcionarios por determinar de las alcaldías de nueve municipios de Sucre, incluyendo Sincelejo, Coveñas, Santiago de Tolú, Toluviejo, Morroa, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, San Juan de Betulia y San Onofre.
La investigación se debe a la preocupante situación de hacinamiento en los centros de detención temporal y estaciones de policía de estos municipios, según lo señalado por el Ministerio Público.
La entidad evidenció la grave situación de hacinamiento en la que se encuentran las personas detenidas temporalmente en las inspecciones, estaciones, subestaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de estos municipios.
La Procuraduría General está investigando un presunto incumplimiento de las obligaciones legales establecidas en los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993, que establecen las responsabilidades de los entes territoriales en la atención de las personas privadas de la libertad (PPL) en condición de sindicados.
También está investigando el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la primera fase del plan de acción establecido en la sentencia SU-122 de 2022, sobre “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías”.
De igual forma, el Ministerio Público ordenó la realización de pruebas para aclarar las acciones de los funcionarios públicos en estos municipios.
Hacinamiento del 144 % en Risaralda
En visita a cinco centros de detención transitoria en Risaralda, la Procuraduría General de la Nación en un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo encontró un hacinamiento de 144 % en los centros de detención transitoria de Risaralda.
El hacinamiento está generando serios problemas de salud y vulnera los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. A esto se suman deficiencias en la adquisición y preparación de alimentos y deterioro de las instalaciones, que agravan la condición de las personas allí recluidas.
Frente a la grave situación, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, sostuvo una mesa de trabajo interinstitucional en la que se hicieron compromisos para solucionar lo antes posible la crisis.
Entre los más importantes está la suscripción de convenios entre los entes territoriales y el Inpec para el traslado de sindicados a establecimientos de reclusión del orden nacional que permita disminuir el hacinamiento lo antes posible.
También se definieron brigadas de salud quincenales para garantizar la atención de las PPL y monitorear posibles brotes de enfermedades y la creación de un fondo común entre gobernación y alcaldías para mejorar la infraestructura de los centros.
El Ministerio Público continuará monitoreando las condiciones de reclusión en centros transitorios de todo el país, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional y como garante de los derechos delas personas privadas de la libertad.
Hacinamiento alcanza el 151 % a nivel nacional
La muerte de una persona privada de la libertad y otras siete heridas como consecuencia de una conflagración en una de las celdas de la Unidad de Personas Privadas de la Libertad (UPPL) en la ciudad de Manizales, el pasado 17 de febrero, prendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo.
Tras lo sucedido en la UPPL, un equipo de la regional Caldas de la Defensoría se desplazó al lugar para adelantar un proceso de verificación de las condiciones de quienes resultaron heridos, así como también de las demás personas privadas de la libertad que continuaban en las instalaciones de la UPPL.
“Las condiciones de hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT), que alcanzan el 151% de sobrepoblación a nivel nacional, están poniendo en riesgo la vida e integridad de personas privadas de la libertad. En muchos casos las condiciones son inhumanas, con claras vulneraciones a los derechos a la salud y a la justicia”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De manera articulada entre el organismo, la Personería Municipal y la Procuraduría Provincial, se realizaron solicitudes a las secretarías de Gobierno y de Salud de Manizales para que “se brinden y se garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad, no solo de este sitio, sino también de los demás CDT de la ciudad”.
De igual manera, la Defensoría del Pueblo anunció que estará atenta al resultado de las investigaciones para que se determinen las causas de la conflagración y se puedan establecer las responsabilidades, “pero principalmente para que se tomen los correctivos para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar”.