Para el senador Juan Manuel Galán, la decisión del Gobierno de sancionar este martes la Ley 1566 de 2012 es histórica, porque significa el "primer paso" del gobierno colombiano hacia dar un giro en la política de lucha contra las drogas. Porque Galán, en su condición de autor de la mencionada ley, considera que por primera vez en Colombia se reconoce el consumo, la adicción y el abuso de las drogas como un "asunto de salud pública", es decir "como una enfermedad", y no como un problema de orden público al que hay que combatirlo con un modelo represivo y prohibicionista. La primera ley que en Colombia reconoce la drogadicción como una enfermedad, establece que los adictos, de forma voluntaria, podrán acceder al tratamiento médico integral, y el Estado deberá garantizar ese servicio, no solo para su proceso de desintoxicación, sino también el tratamiento terapéutico, psiquiátrico y psicológico para evitar su reincidencia. Actualmente, en Colombia, los adictos tenían que recurrir a la vía judicial para que el sistema de salud les garantizara ese procedimiento. Con esta nueva ley ya no tienen que recurrir a las acciones de tutela, pues el Estado tendrá la obligación de garantizar ese tratamiento. Durante su trámite en el Congreso, se escucharon varias observaciones del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, sobre el impacto fiscal que podría tener los alcances de una iniciativa de esta naturaleza. Sin embargo, fue uno de los ministros que este 31 de julio acompañaron con su firma la sanción de esta ley. El senador Galán también explica que esta nueva ley se adopta un cambio en el tratamiento que el sistema de salud colombiano les estaba brindando a los adictos, al asegurar que dicho tratamiento "no era el adecuado". Según Galán el tratamiento sólo se concentraba en la fase de desintoxicación, por lo que el Estado perdía cerca de 12 millones de pesos por adicto porque sin el acompañamiento terapéutico los adictos recaían en el consumo. La nueva ley obliga al Estado a formar personal adecuado para este tipo de enfermedades, incluso a formar psiquiatras idóneos, pues según el senador galán en Colombia hay sólo 1.000 psiquiatras acreditados para atender la salud mental de 44 millones de colombianos. La ley también obliga a depurar las instituciones que hoy ofrecen el tratamiento de rehabilitación, que en muchos casos no cumplen con el objetivo "porque no enfrentan adecuadamente el síndrome de abstinencia", según Galán. Otro de los alcances de la ley, es que las EPS no tendrán que pedirles recobros al Estado por el tratamiento a los adictos, como venía sucediendo, porque ahora deberán prestar el servicio. En principio, la ley se empezará aplicar con la población de menores de edad, que fue calificada como la más vulnerable, y tiene el propósito que en el año 2016 se tenga plena cobertura a toda la población adicta, que según varios informes y encuestas del gobierno, va en aumento en el país.