Los falsos positivos siguen enlodando la historia de Colombia y las autoridades tienen bajo la lupa a los responsables que han logrado involucrarse por los horrores cometidos décadas o años atrás, los cuales deben responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a fin de responder ante las familias de las víctimas y se dictaminarán las medidas disciplinarias pertinentes.
En el marco de tales investigaciones, se realizará una audiencia pública el 18 y 19 de septiembre de este año, la cual se llevará a cabo en el municipio de Yopal, departamento del Casanare, para obtener respuestas sobre la comisión de 303 asesinatos y desapariciones.
De esta manera, se indagan en el tribunal designado para la paz los hechos que se cometieron entre enero de 2005 y diciembre de 2008. Los más de 300 homicidios que se mencionaron antes fueron presentados dentro de ese lapso como falsas bajas en combate.
Eventos presentados en otras jurisdicciones como las de Boyacá, Meta y Arauca también han sido tenidos en cuenta en el procedimiento descrito.
Así las cosas, la JEP requirió la presencia de los imputados, entre los que destacan miembros de la Brigada XVI como el mayor general retirado Henry William Torres Escalante, 13 oficiales, siete oficiales y un funcionario del extinto DAS, así como otros dos civiles que habrían participado en las escalofriantes acciones.
Por ello, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP centrará la audiencia en el caso 03 de falsos positivos, el cual se dio en al menos seis zonas ya priorizadas. A través de la citación, los 24 señalados contestarán por crímenes de guerra y de lesa impunidad.
Además de dar detalles de las muertes causadas de manera violenta, los indicados deberán explicar cómo funcionaba la red criminal tejida al interior de la brigada del Ejército de la que hacían parte, que planeó los delitos cometidos. Deberán aceptar los daños causados y dar los nombres faltantes.
Cabe mencionar que Torres Escalante no es el único ex alto rango involucrado en los hechos investigados. El mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Prado también estarán presentes en la rendición de cuentas.
Están citados también César Augusto Cómbita Eslava, Jorge Eduwin Gordillo Benítez, Wilfrido Domínguez Márquez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, Wilson Camargo Tamayo, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Jhon Alexander Suancha Florián, Gélver Pérez García, Marcolino Puerto Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Miguel Andrés Sierra García, Erwin Eduardo Duarte Rojas, Leandro Eliécer Moná Cano, Alexander González Almario, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Wilson Rodríguez Mimisica, Miguel Fernando Ramírez, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Faiber Alberto Amaya Ruiz y Orlando Rivas Tovar.
Los nombrados en el párrafo anterior ya habían sido imputados por la JEP por los delitos de homicidio en persona protegida, asesinato y desaparición forzada, así como a otros por utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades y el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
Otros dos oficiales no aceptaron la culpa, por lo que ambos casos tendrán que ser investigados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Podrían ser llevados ante el Tribunal para la Paz y ser penalizados hasta con 20 años de prisión, si pierden el juicio.
Denuncian la exhumación de una víctima de falsos positivos. El cuerpo fue sacado sin autorización de un cementerio de Bogotá
Luz Adriana Perdomo, excompañera y madre del menor y único hijo de Daniel Alexander Martínez, una de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos de Soacha», fue a visitar la tumba del joven asesinado en febrero del año 2008, ubicada en el Cementerio de Bosa Piamonte, en Bogotá.
En el lugar se encontró con la noticia que los restos habían sido exhumados, así lo dio a conocer la Asociación Minga por medio de un comunicado.
Luz Adriana, según la Minga, al dirigirse a la administración del cementerio para conocer información sobre el paradero de los restos, se negaron a informarle dónde se hallan, solo manifestaron que dicho procedimiento se realizó ante la acumulación de una deuda superior a los cinco millones de pesos.