La violencia contra los exmiembros de las Farc parece no cesar. En las últimas horas, se conoció que 62 reincorporados de la guerrilla, que hicieron parte del proceso de dejación de armas, se desplazarían del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Santa Lucía en Ituango, junto con sus familias. El temor de que sus vidas les sean arrebatadas, es la razón que los lleva a abandonar la zona. Y no es una preocupación menor, pues Ituango es el municipio antioqueño que registra un mayor número de excombatientes asesinados desde la firma de la paz en el 2016, con 12 exguerrilleros. En el departamento han registrado 24 en total. La Farc denunció la falta de garantías y anunció que el desplazamiento total se daría en dos meses. La ruta no está definida. Sin embargo, los desmovilizados y sus familias esperan, de la mano del Gobierno, encontrar una nueva zona en donde sus vidas no corran peligro y donde puedan concretar los proyectos de productividad que hacen parte del acuerdo firmado.
La decisión fue tomada luego de la muerte de Darío Herrera Gómez en la noche del martes pasado. Herrera se encontraba en camino hacia el ETCR Román Ruiz cuando fue atacado. De acuerdo con la Consejería para la Estabilización del Posconflicto, falleció en su traslado al hospital. “La víctima fue atacada con arma de fuego. A la espera de la investigación para determinar a los responsables”, señaló la Consejería. De esta forma, Herrera se convirtió en el quinto excombatiente de las Farc asesinado este año. Por este asesinato, las autoridades alertaron a Pastor Alape, miembro de la Dirección Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), quien planeaba llegar a Ituango para participar en una asamblea. El comandante de la Séptima División del Ejército, el general Juan Carlos Ramírez, aseguró que la información fue recibida de la red de participación cívica y de la población civil. A Alape se le recomendó no desplazarse por las zonas rurales de esa zona.
Un posible ‘plan de exterminio’ Como si se tratara de una historia del pasado, como la del exterminio de la Unión Patriótica, en la que se denunció el asesinato sistemático de sus miembros, el 27 de enero el partido Farc emitió un comunicado en el que advertía al país y a la comunidad internacional un posible plan de exterminio contra los exguerrilleros en proceso de reincorporación en el municipio de Ituango. En la comunicación, emitida luego del asesinato de Darío Herrera, el partido exigió al gobierno nacional medidas inmediatas para proteger la vida de quienes firmaron el Acuerdo de Paz y de los líderes sociales, “empezando por implementar las medidas establecidas en el acuerdo”. En el comunicado, el partido también señaló, en forma de crítica, que "una patrulla móvil del Ejército Nacional ubicada a 10 minutos del lugar de los hechos reaccionó en forma tardía. Y a pesar de que César Darío aún estaba con vida, no le prestaron los primeros auxilios para tratar de salvar su vida, ni gestionaron su traslado de forma rápida al hospital".
En total, desde la firma del Acuerdo de Paz, van 185 exguerrilleros asesinados. Para quienes dejaron las armas, el 2019 fue el año más violento con 180 muertes, de acuerdo con la Misión de Verificación de Naciones Unidas. Este año, el panorama parece no cambiar y el temor de que se repita la historia está más latente que nunca.