A mediados de 2014, las autoridades en el departamento de Putumayo firmaron un contrato para mitigar el riesgo de desastres por cuenta de inundaciones de los ríos que bordean la capital del departamento: Mocoa. Lo que exigía el contrato no se cumplió, un escenario que según la Fiscalía facilitó la posterior inundación, convertida en avalancha y que provocó la tragedia de 2017.
La supervisora de ese contrato era la entonces secretaria de infraestructura del Putumayo, Marxlin Carolina Peñuela, —de acuerdo con la Fiscalía— la responsable de vigilar que se cumplieran las condiciones del mismo, pero no cumplió esa función y la omisión derivó en lo que más tarde se convirtió en tragedia.
“Con incumplimiento de sus funciones como supervisora del contrato de consultoría n.º 1110 de 23 de noviembre de 2015 en calidad de secretaria de infraestructura departamental, donde las entidades estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato”, señaló la Fiscalía en su momento.
Ante la justicia y con elementos de prueba, como testigos, además de documentos, la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad que tendría la entonces secretaria de infraestructura del departamento en las omisiones de ese contrato, lo que se convirtió en el delito de prevaricato y en consecuencia, en una condena que tendrá, según la sentencia, que pagar en una cárcel.
“Negar los subrogados penales por expresa prohibición normativa, razón por la cual la pena de prisión impuesta deberá ser cumplida al interior del establecimiento penitenciario que determine el INPEC, debiéndose tener en cuenta la privación efectiva de la libertad hasta la fecha purgada”, señaló la juez segunda penal del Circuito de Mocoa, Edna Marcela Martínez, en la sentencia contra la exsecretaria de infraestructura del Putumayo.
La condena sale de una rápida actuación del despacho donde, curiosamente, aterrizó el fiscal Mario Burgos luego de su traslado a la dirección de delitos contra el medio ambiente. Burgo logró que la exfuncionaria de la Gobernación del Putumayo terminara en juicio y que el juez tomara la determinación de condenarla.
“Así entonces, se impondrá a la acusada Marxlin Carolina Peñuela Castro, pena de prisión de cuarenta (40) meses de prisión, en calidad de autora a título de dolo por la comisión del delito de Prevaricato Por Omisión, multa de dieciséis (16) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el año de los hechos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses”, advierte el fallo condenatorio.
Los elementos de prueba que fueron presentados por la Fiscalía fueron suficientes, en criterio de la juez Martínez, para demostrar la responsabilidad que tendría la exfuncionaria en los delitos contra la administración pública, principalmente en lo referente a la vigilancia y control de los contratos que firma el estado en esta oportunidad la gobernación del Putumayo.
La condena se fijó en 40 meses de cárcel con una inhabilidad superior para ejercer cargos públicos y el juez negó la posibilidad de subrogados penales como la detención domiciliaria, en otras palabras, la exfuncionaria tendría que cumplir la pena en un centro de reclusión.