A través de un comunicado de prensa, la institución confirmo que “por disposición del señor presidente de la República, Dr. Gustavo Petro Urrego, y el señor ministro de Defensa Nacional, Dr. Iván Velásquez Gómez, se ha dispuesto en el marco del plan ‘En esta Navidad, mi familia es Colombia’, un aumento significativo de mujeres y hombres de distintas unidades de la Institución que desde hoy y hasta el 31 de enero de 2023″.

El anuncio se produce después de que la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) le enviara una dura carta al ministro explicándole los riesgos que corren millones de viajeros por la ausencia de uniformados. La misiva, revelada en primicia por SEMANA, deja entrever la preocupación de los concesionarios afiliados a la CCI, y confirma que la seguridad en los aeropuertos de Cali, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Santa Marta, Barrancabermeja y Riohacha está al garete.

La Policía aseguró que los uniformados harán “presencia en 58 aeropuertos, 113 terminales terrestres y 11 puestos fluviales, quienes bajo los lineamientos del director general de la Policía Nacional, general Henry Armando Sanabria Cely, desarrollarán tareas específicas de prevención (se adelantarán campañas de autocuidado en los desplazamientos de miles de personas y familias que viajan a sus lugares de origen y descanso), disuasión (con presencia policial permanente) y acción contundente contra el delito (en coordinación con la Fiscalía General de la Nación)”.

Sin embargo, no aclara si estará presente en los ocho aeropuertos afectados y subsiste la preocupación sobre lo que pasará una vez termine la implementación de este plan, pues todo hace pensar que se trata de una operación que se pone en marcha por la temporada navideña, pero no resuelve de fondo la ausencia de la Policía de las terminales aéreas.

Pese a que la institución asegura que “las capacidades humanas, tecnológicas, logísticas y operacionales están disponibles en este plan diseñado para acompañar a nacionales y extranjeros en estas fiestas y el primer mes de 2023, y que igualmente cuenta con más de 110.000 uniformados en las carreteras, zonas rurales y urbanas, centros comerciales, puntos turísticos y playas, entre otros”, no se refiere puntualmente a la crítica situación que viven los aeropuertos de ciudades clave como Medellín y Cali y los seis que están a cargo de la Concesión Aeropuertos de Oriente, y tampoco aclara si los uniformados regresarán plenamente una vez culmine la temporada de fiestas de fin de año.

Desde noviembre, esa concesión denunció que la Policía no quiso llegar a un acuerdo para extender el convenio que garantizaba la presencia de uniformados en las seis terminales aéreas. Pese a la intervención de la Aeronáutica Civil, que respaldó la posición del concesionario, la Policía insistió en que no existían las condiciones para continuar prestado servicio permanentemente y confirmó que harían rondas con los patrulleros asignados en las cercanías de los aeropuertos.

La propia Defensoría del Pueblo también terció en el debate, haciendo hincapié en que estaban en riesgo no solo la seguridad de los pasajeros y de la infraestructura estratégica del país, sino, adicionalmente, la de los dignatarios con esquemas de seguridad y el traslado de personas privadas de la libertad. De hecho, urgió un acuerdo sobre el tema.

La Aeronáutica Civil, máxima autoridad en el tema, también le envió el 11 de noviembre una carta al director de la Policía, general Henry Sanabria, en la que le recuerda que es deber de la institución garantizar la seguridad en los aeropuertos y le pide “que de manera muy atenta, en cumplimiento del principio de colaboración armónica entre entidades del Estado y con el fin de procurar la seguridad operacional y de la aviación civil del país, así como la sana convivencia al interior de la infraestructura aeroportuaria, se solicita su colaboración en asignar a cada uno de los aeropuertos del país el personal de la Policía Nacional que se considere necesario, para la realización de las actividades tendientes al control de seguridad policial”.

Sin embargo, hasta ahora, la Policía y los responsables de los aeropuertos no han logrado sentarse para ponerse de acuerdo y garantizar el retorno pleno de los uniformados.