Por tener presuntos vínculos con el paramilitarismo, la Fiscalía capturó a 26 personas. Entre los detenidos está el actual alcalde de Turbo (Antioquia), William Palacio Valencia. Las autoridades los vinculan con el bloque Élmer Cárdenas, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la operación, realizada por las seccionales de la Fiscalía en Medellín, Bogotá, Cali y Montería y que contó con el apoyo de la Séptima División del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, fueron detenidos excandidatos al Senado y la Asamblea Departamental de Antioquia. También hay exalcaldes, exconcejales, líderes políticos y cívicos, y servidores públicos de la región de Urabá. Todos los detenidos tendrían vínculos con el bloque paramilitar que en su momento estuvo bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, alias el ‘Alemán’. Los nexos se derivarían del movimiento político que dirigió el jefe de las autodefensas el sector bananero de Antioquia, Córdoba y Chocó que denominó ‘Urabá grande, unida y en paz’.
Según el exjefe paramilitar, con este proyecto las autodefensas buscaban poner sus candidatos en diferentes alcaldías y asambleas de los tres departamentos. Así lo relató el ‘Alemán’ en una entrevista con SEMANA en mayo del 2009. También habló sobre una reunión que realizó a finales del 2001 con los candidatos que respaldaban las AUC en la finca La 21, de propiedad de Carlos Castaño. VerdadAbierta.com señaló que, durante una versión libre que rindió en junio del 2009 ante un fiscal de Justicia y Paz, reconoció que en las elecciones del 2002 financió campañas a través del movimiento. Supuestamente, para dichas elecciones, el ‘Alemán’ dio 2.000 millones de pesos para las campañas de diferentes candidatos a corporaciones públicas en el área de influencia de su bloque. Según el exparamilitar, este movimiento también se extendió a varios municipios de Córdoba como Canaletes, Los Córdobas, Puerto Escondido y Moñitos, y allí el movimiento tomó el nombre de ‘Marisco'. El exjefe paramilitar dijo que a los candidatos a Congreso les dio 200 millones, a las alcaldías y gobernaciones 50 millones, y que su bloque financió el 60 % del proyecto de los citados movimientos políticos. Los capturados deberán ser presentados ante jueces de control de garantías para legalizar la captura y la imputación de cargos por concierto para delinquir.