En el capítulo de “chuzadas” que incluye a los magistrados de la Justicia Especial de Paz, la Fiscalía advirtió que esperan escuchar en entrevista al director de asuntos jurídicos de esa jurisdicción para determinar los hechos y definir si es necesario abrir una investigación formal por las interceptaciones.
La Fiscalía aseguró que recibió la notificación de la Justicia Especial de Paz sobre los eventuales hechos de interceptaciones ilegales a las comunicaciones de los magistrados de esa jurisdicción y que resulta necesario adelantar las investigaciones correspondientes. El ente acusador anticipó que se está verificando toda la información y en el curso de las investigaciones resultó necesario escuchar en declaración al funcionario.
La JEP advirtió que se trata de un hecho de extrema gravedad que puede afectar la independencia del poder judicial y que es necesario adelantar todas las investigaciones para establecer con certeza si ocurrieron las interceptaciones ilegales y quiénes serían los responsables de la carta que fue dirigida de manera directa a la fiscal Luz Adriana Camargo.
“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación, ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado social y democrático de derecho adoptado por Colombia; así como una clara amenaza a la seguridad de los magistrados y magistradas de esta Jurisdicción”, señalaron desde la JEP.
Para la Fiscalía, es importante escuchar en declaración al funcionario que puso en conocimiento los hechos ante la jefe del ente acusador, de esta manera, se podría determinar la necesidad de abrir una investigación o sumar las denuncias de la JEP al proceso que ya cursa en la Fiscalía, por las presuntas interceptaciones a magistrados de la Corte Constitucional.
Desde la Jurisdicción Especial para la Paz, insistieron en que la sospecha de interceptaciones ilegales en la Corte Constitucional es una situación bastante grave que se suma a las denuncias que previamente hicieron los magistrados de la JEP y que hasta el momento no habían tenido respuesta del ente acusador.
“Lo anterior sumado a que algunos medios de comunicación expusieron que algunos magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también han manifestado su sospecha de ser objeto de presuntas interceptaciones ilegales”, explicó el director de asuntos jurídicos, Jairo Ernesto Arias.
Solo se trata de interceptaciones ilegales, señalaron desde la oficina de asuntos jurídicos de la Justicia Especial para la Paz, también los magistrados de esa jurisdicción advirtieron amenazas en contra de la vida de los funcionarios, lo que por supuesto se convierte en un hecho de extrema gravedad en una coyuntura tan violenta para el país.
“Sobre este último punto se recuerda que durante el año 2023 los magistrados y magistrados de la JEP recibieron amenazas contra su vida por adelantar las funciones que constitucional y legalmente les fueron asignadas. La gravedad de los hechos impone que se realice una verificación de las causas que los motivaron, así como para determinar a los responsables”, señala el documento que llegó al despacho de la fiscal Camargo.