Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín; Jorge Enrique Liévano Ospina, ex director de Metroparques y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano, deberán responder en un proceso penal por presuntamente haber incurrido en delitos contra la administración pública.
Los hechos investigados tienen su origen en el traslado de cerca de cinco mil millones de pesos del presupuesto que tenía adjudicado el Jardín Botánico de Medellín a Metroparques para atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia. Los hechos se presentaron entre los meses de febrero y noviembre de 2020.
Sin embargo, en la imputación anunciada por un fiscal seccional de Medellín, los recursos trasladados fueron utilizado, al parecer, para justificar un supuesto mantenimiento de las zonas verdes de Medellín y no para la atención de la pandemia.
Los documentos recolectados revelan que para la adjudicación del mencionado contrato habrían sido invitadas, de manera privada, tres empresas de un mismo núcleo familiar (Mascampo SAS, Construgeo y Reforestadora El Libano SAS) para trasladarles los recursos públicos de la administración municipal. Esto con el fin de darle una apariencia de legalidad a la figura del contrato interadministrativo, para entregar recursos públicos a particulares con fines distintos a la satisfacción del interés general. Los procesados no se allanaron a los cargos imputados.
Por estos hechos de corrupción deberán responder por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Una imputación pendiente
Frente a la celebración irregular de contratos en Metroparques el fiscal General, Francisco Barbosa, anunció en noviembre pasado la imputación de cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación, Diana Paola Toro Zuleta; el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina; y el representante legal de la empresa contratante CYAN, Mauricio Jaramillo Botero.
Los hechos datan de septiembre de 2020 cuando Metroparques suscribió un contrato para garantizar el apoyo logístico para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física en Medellín. El contrato debía ser ejecutado en dos meses; es decir, hasta diciembre de 2020, pero habría recibido tres adiciones presupuestales que incrementaron injustificadamente su valor a 24.205 millones de pesos y además, se realizaron prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta julio de 2022.
Mantenimiento ‘Parque de las Aguas’
Igualmente, la Fiscalía identificó varias anomalías en tres contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021. El objetivo era garantizar el mantenimiento y entrada en operación del Parque Metropolitano de las Aguas.
Los contratos ascendieron en valor a 17.439 millones de pesos. La Fiscalía estableció que Metroparques subcontrató con tres empresas que fueron creadas entre 2019 y 2021, una de estas dedicada a la comercialización de telas.
En este expediente fueron vinculados el representante del Área Metropolitana de Medellín, Álvaro Alonso Villada García; los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda; y los representantes legales de las empresas contratistas Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamileth Galindez Chilito y Fabio Miguel Mestre Espitia, quienes deberán responder por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Componente de atención
En marzo de 2020, la Secretaría de Educación de Medellín celebró un contrato con la corporación ‘Colombia Avanza’, por un valor total de 20.692 millones de pesos, para la atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes del programa ‘Buen Comienzo’.
En este caso seidentificaron pagos a personas que no tenían relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran prestado servicios, que en realidad nunca se ejecutaron. Esto generó un posible detrimento por valor de 1.400 millones de pesos. Por estos hechos, la Fiscalía imputará el delito de peculado por apropiación a la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz; la exdirectora técnica del programa ‘Buen Comienzo’, Lina María Gil Zapata; y el contratista Henry Paulison Gómez Montoya.