El fiscal del caso enumeró los argumentos que exigen, según su criterio, a la justicia a imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario y en contra del actual gobernador de Arauca José Facundo Castillo, por hechos de corrupción y presuntos vínculos con la guerrilla del ELN, principalmente el frente Domingo Laín Sáenz. Según la Fiscalía, esa guerrilla logró enquistarse en el departamento y afectar la institucionalidad, para beneficiarse con millonarios contratos y devolver el favor a los mandatarios departamentales a través de votos.
Dijo la Fiscalía que tiene los elementos materiales de pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad no solo del gobernador Castillo, sino de su antecesor Ricardo Alvarado en los presuntos hechos de corrupción y beneficios millonarios a miembros del ELN a quienes les entregaban la contratación del departamento.
“Permite asegurar que estos fenómenos no se trata de hechos aislados, sino de actos delictivos que se desarrollaron por una actividad criminal que lleva años enquistándose en la sociedad araucana y son verdades acreditadas en el proceso de investigación; por eso se está presentando ante la judicatura la necesidad de una medida de aseguramiento para asegurar los fines y llegar a la verdad judicial de lo que está ocurriendo en el departamento de Arauca”, dijo el fiscal.
Para el fiscal del caso, la guerrilla del ELN no solo se quedó con la contratación del departamento, sino que además tomó control territorial y social para mantener las estructuras armadas a través de la violencia y la cooptación de la política en la región, en contubernio con los mandatarios.
“Tienen un control territorial y social para efecto de mantener sus estructuras criminales y esto no es algo nuevo, es una realidad como lo señalamos a lo largo de la investigación y la misma sala penal de la Corte Suprema de Justicia tiene fallos de una condena al exgobernador del departamento de Arauca José Vicente Lozano Fernández por tener nexos con el ELN”, señaló el investigador del caso.
En el marco de la investigación, según la Fiscalía, se logró establecer de qué manera la guerrilla del ELN logró tomarse el poder durante varias administraciones o gobernaciones en el departamento de Arauca y de esta manera lograban posicionarse, asegurar que ciertos candidatos terminarían por favorecer los intereses de ese grupo criminal. Era un trabajo en doble vía: mientras los candidatos obtenían los votos, la guerrilla garantizaba los contratos.
“Son actividades consolidadas en el departamento de Arauca y ha llevado a apropiarse de los recursos públicos del departamento, para poder mantener sus estructuras y posicionarse como una organización que está liderando de facto la institucionalidad en Arauca”, explicó la Fiscalía en la audiencia para solicitar la medida de aseguramiento.
Los investigadores consideran que son suficientes los elementos materiales de prueba para corroborar una sistematicidad en las conductas de los mandatarios departamentales en Arauca, principalmente José Facundo Castillo y Ricardo Alvarado, pues incluso en varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia otros gobernadores resultaron condenados por la misma situación, es decir, presuntos vínculos con el ELN.
Al gobernador Castillo la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, cargos que no aceptó.