Una de las iniciativas que más ha conseguido apoyo de políticos y ciudadanía es la de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. El alto número de casos —el Instituto Colombiano de Bienefestar Familiar tiene bajo su custodia a más de 62.000 menores que han sido víctimas de abuso— contribuyó para aumentar las exigencias para la creación de una pena más severa.
El pasado 18 de junio, luego de ocho debates, el Congreso atendió estas voces y dio vía libre a la reforma constitucional que buscará instaurar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en el país. Eran ya 22 las veces que esta propuesta se había hundido en la Cámara y el Senado, por lo que su aprobación fue uno de los hechos más noticiosos de la pasada legislatura. Con 77 votos a favor, finalmente tomó forma lo que 13 años atrás había sido por primera vez planteado por Gilma Jímenez, exsenadora del Partido Verde fallecida en 2013.
El presidente Iván Duque se mostró siempre a favor de la decisión y este miércoles materializó el proyecto al promulgar la reforma constitucional que modifica el artículo 34 de la Constitución Nacional y abre la puerta para que la cadena perpetua entre en vigencia. Sin embargo, la reforma debe superar todavía unas etapas que podrían dañarle el caminado.
La cadena perpetua para violadores de menores fue la principal bandera de la congresista Gilma Jiménez, ya fallecida. Vienen las demandas Primero, el Gobierno tiene un año para reglamentarla e incluirla en el Código Penal. Es decir, el Ejecutivo deberá establecer en qué situaciones, de qué forma se aplicará y cuáles serán los agravantes de la medida. Por el momento, se ha anticipado que será de carácter excepcional, solo tendrá lugar cuando se cumplan cierto tipo de condiciones fácticas y en los casos en que se imponga será revisada 25 años después para que el juez a cargo la confirme o la revoque. La reglamentación que debe presentar el Gobierno debe ir a trámite al Congreso para ser objeto de discusión y votación. Ya el presidente Duque, en la instalación de la nueva legislatura el pasado 20 de julio, dio órdenes expresas a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, para que prepare la iniciativa y la tenga como prioridad.
Pero este no es el escollo más grande. Para que la cadena perpetua sea una realidad en la práctica deberá superar un examen ante la Corte Constitucional. Y son muchos abogados penalistas y constitucionalistas ligados a importantes centros académicos y organizaciones del país que ya han expresado su descontento con la reforma y que están trasladando sus argumentos a los magistrados. Incluso, desde el momento en que fue anunciada y a medida que iba superando los controles del Congreso afirmaban que la cadena perpetua era una medida ineficaz para combatir el crimen. Varios han anunciado que demandarán la constitucionalidad del proyecto. Uno de los más críticos ha sido el catedrático de la Universidad Nacional y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Rodrigo Uprimny Yepes. En varias oportunidades, Uprimny Yepes recordó que las leyes colombianas ya prevén penas altas para violadores y asesinos de menores de edad que pueden llegar hasta los 60 años. Además, recalcó que la problemática radica en los altos niveles de impunidad que hay en Colombia y esto no será solucionado con la creación de penas que tengan una mayor severidad. “La solución no es, entonces, aumentar la pena hasta cadena perpetua, sino reducir la impunidad con una mejor investigación criminal”, asegura Uprimny Yepes. El Colegio de Abogados Penalistas, en cabeza de Francisco Bernate Ochoa, profesor de la Universidad del Rosario, ya también hizo pública su decisión de demandar la cadena perpetua para violadores. Bernate Ochoa ha calificado el accionar del Congreso como "populismo punitivo" y ha resaltado que la revisión de la condena es un beneficio para los violadores que no existía antes en el país. Es decir, Bernate considera que, tal como quedó redactado el proyecto, da cabida para que quienes estén purgando condenas de más 25 años, al cumplirse ese término, soliciten revisión de la sentencia en virtud del principio de favorabilidad. Un escenario que surgió con la polémica reforma. Contra una postura histórica Por si fuera poco, las demandas, que serán conocidas por la Corte Constitucional, se enfrentarán a la postura histórica de este tribunal que, en materia de sanción penal, ha estado a favor del sentido de la resocialización de las penas, el cual defiende que el castigo impuesto por el juez es una herramienta para reeducar y rehabilitar a la persona condenada.
Basándose en este argumento, la Corte ha revocado múltiples sentencias que restringen la redención de la pena a criminales responsables de crímenes contra menores de edad. No cabe duda de que la cadena perpetua va en contravía de este razonamiento y es por eso que, desde ya, varios abogados anticipan que la reforma no verá la luz. Otra dificultad que han apuntado los expertos está en el desajuste jurídico que habría en caso de que la cadena perpetua entre en vigencia. Serían necesarias reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penitenciario y Carcelario, sin contar que no existiría proporcionalidad en las penas. Delitos como la tortura, el homicidio agravado y el genocidio recibirían sanciones inferiores a la cadena perpetua. Bajo este panorama, la euforia que generó la promulgación de la reforma constitucional por parte del Gobierno podría desvanecerse tan pronto los magistrados dicten su fallo. Si este es el desenlace, sería un nuevo llamado al Gobierno y al Congreso para que evalúen la eficacia de la iniciativa y se centren en buscar alternativas para reducir la impunidad, en vez de endurecer las penas.