Una denuncia llegó al despacho del fiscal general Francisco Barbosa y relata los hechos ocurridos en el departamento de Caquetá, en el sector de Los Pozos, donde fue asesinado un subintendente de la Policía y secuestraron a 70 de sus compañeros. La denuncia vincula desde al presidente Gustavo Petro, hasta el comandante de la Policía en el municipio de San Vicente del Caguán.
El relato de la denuncia indica presuntas omisiones de los altos mandos de las Fuerzas Militares a cargo justamente del presidente de la República y el ministro de defensa, omisiones que son constitutivas de delito y que merecen una investigación del ente acusador.
“Por la omisión e incumplimiento del deber de actuar con diligencia y cuidado en sus obligaciones institucionales, relacionadas con la debida planeación, coordinación y apoyo en zonas de crisis para la preservación del orden público, la protección de los derechos humanos y la garantía de la vida, después de 40 días de acciones violentas en el sector de los Pozos en san Vicente del Caguán”, advierte la denuncia.
Claramente en el capítulo que vincula al presidente de la República, la Fiscalía no tiene competencia para investigar al primer mandatario, pues es la Comisión de Acusaciones la encargada de verificar si en las órdenes que se emitieron o no, para frenar la escalada de violencia en Caquetá, el presidente incurrió en alguna omisión.
“En redes sociales han circulado videos sobre la retención de los policías y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hoy denominado Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), en donde se ve que les quitaron sus uniformes y escudos y que la violencia ha escalado al punto que no se tiene cifras exactas sobre los heridos en el punto”, reseña la denuncia en los hechos.
De acuerdo con Sergio Alzate, el denunciante, el Gobierno nacional era consciente de que la situación en esa zona del país estaba por estallar y que disponer de un grupo de 80 uniformados para frenar la escalada violenta, que estaba anticipada, era insuficiente y aun así mantuvieron ese esquema de seguridad, lo que claramente facilitó que más de 400 personas atacaran de forma indiscriminada a los policías.
“El Gobierno nacional estaba informado de que las protestas iban a escalar, debido a los previos avisos y alertas notificadas por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, quienes habían pedido acciones al Ministerio del Interior y al alto comisionado para la Paz hace más de una semana atrás de los hechos”, explicó en su denuncia el representante de Colombia Transparente.
A propósito de esta denuncia, el fiscal Francisco Barbosa advirtió, previamente, que en el ente acusador se abrió una investigación para determinar, no solo los responsables del asesinato del su intendente, el secuestro del resto de uniformados, sino la responsabilidad que tendrían los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía en las presuntas omisiones que fueron advertidas en diferentes comunicaciones.
“Pues tendrá que responderle a la Fiscalía con apoderado, seguramente en interrogatorios y mostrar que ellos tienen que cumplir un deber constitucional. Ojo el deber constitucional está en la Constitución Política, no existe ninguna norma de inferior nivel a la Constitución Política que pueda llevar a que un militar incumpla con sus deberes constitucionales y legales”, señaló el fiscal general.
Dijo el fiscal Francisco Barbosa que los altos mandos de la Policía serán llamados a diligencias de interrogatorio para que allí expliquen cuáles fueron las decisiones que se tomaron y si en ese transcurso ocurrieron las omisiones que más tarde derivaron en la violenta arremetida.