Mientras en Colombia la Fiscalía avanza con el acelerador a fondo en la investigación por el multimillonario contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y la unión temporal Centros Poblados, para la conectividad de los colegios en zonas apartadas del país, en Estados Unidos se abrió una indagación preliminar que tiene como objetivo determinar la comisión de delitos en el sistema financiero de ese país.
El asunto está en una millonaria consignación que hizo la Unión Temporal, más del 50 % del anticipo que recibió del ministerio, para iniciar la ejecución de contrato. Centros Poblados dejó una número de cuenta West Kendal del Citibank, en Miami, para que allí se consignan 58.301 millones de pesos de los 70.000 objeto de la controversia.
En Colombia, las dudas acerca de las pólizas falsas que entregó la Unión Temporal para garantizar la ejecución del contrato y que se convirtió en el argumento principal de la caducidad del mismo, se empiezan a resolver en contra de Centros Poblados. Esa caducidad convierte en ilegal el trámite y, por tanto, los millonarios recursos que terminaron en cuentas norteamericanas.
Las indagaciones están en la cuenta que se abrió en los Estados Unidos y que, al parecer, quedó a nombre de la empresa a quien por encargo Centros Poblados le delegó la compra de los equipos que posteriormente serían usados en el programa de conectividad de las escuelas de Colombia.
Justamente se tiene en agenda un viaje del fiscal Francisco Barbosa a los Estados Unidos y entre los encuentros no se descarta una reunión con los investigadores del Buró Federal de Investigación, para no solo compartir la información que tiene la Fiscalía de Colombia, sino recibir la que en ese país tengan respecto de delitos cometidos con las consignaciones.
Por ahora, en Colombia siguen las diligencias de interrogatorio que arrancaron la semana pasada y que tenía a los principales implicados rindiendo cuentas ante la Fiscalía. Se trata de representantes y delegados de la unión temporal Centros Poblados y de la firma interventora, el consorcio PC2020 Centros Digitales, conformado por las empresas Telemediciones, PMO Solycom S. A. S. y Eurocontrol S. A. Sucursal Colombia.
Por las oficinas de la Fiscalía pasaron Robert Gómez, Luis Fernando Duque, Juan Carlos Cáceres y Juan David Laverde, todos a diligencias de interrogatorio, una forma que tienen para dar explicaciones del caso al ente investigador, pero que al tiempo se convierte en una vinculación formal al proceso.
Las diligencias de interrogatorio permitirán a la Fiscalía avanzar en este proceso, conocer quiénes serían los responsables en la comisión de delitos como falsedad en documento público y una eventual irregularidad en la celebración de contratos. Adicionalmente, qué otras personas, no incluidas en los documentos, podrían estar vinculadas en este escándalo.
En términos jurídicos, el interrogatorio, además de vincular de manera formal a la persona citada, se convierte en la puerta de entrada para una eventual imputación de cargos, esto luego de confirmar, a través de la declaración, la responsabilidad que tendría. La otra forma es comparar los datos suministrados por el interrogado con la información obtenida en la investigación.