Varias irregularidades se habrían presentado para elegir a los representantes regionales que van a manejar la plata de la educación del SENA, después de que la entidad recibiera más de 140 reclamaciones que alertaban una serie de inconsistencias detrás de la forma en que se estaba evaluando a los candidatos para seleccionar a los próximos directores y subdirectores regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje.
Una de esas novedades que llamó la atención de los entes de control fue la terminación, sin una aparente razón de peso, del contrato interadministrativo que el SENA firmó con la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, nada más y nada menos que la entidad que venía adelantando el proceso de selección y que terminó excluida desde el pasado 16 de abril en plena etapa de entrevistas.
Por esa situación, se dejaba entrever que el proceso estaba lleno de irregularidades a partir de la etapa de entrevistas y las calificaciones de algunos aspirantes, de hecho, algunas de las reclamaciones que llegaron al SENA alertaban que algunas hojas de vida ya estaban escogidas supuestamente por afinidad política y otros estaban amarrados por su vinculación en el pasado con la entidad.
De hecho, la Procuraduría también advirtió que “fueron las múltiples quejas de aspirantes que vieron vulnerados sus derechos desconociendo sus calificaciones y en otros casos de participantes que sin cumplir con requisitos obtuvieron puntajes destacados”.
Por esa razón, llegaron varios llamados de atención al SENA para que frenaran esa convocatoria y arrancaran con los ajustes necesarios para la convocatoria, con el objetivo de garantizar la transparencia y la objetividad de los 142 convocados para conformar las ternas de las cuales se elegirán a los directores regionales y los 839 aspirantes para los 126 empleos de subdirector.
El SENA ya se ha visto envuelto en varios escándalos que lo vinculan con fines políticos, como en el pasado mes de febrero cuando se conoció una circular en la que daban permiso a servidores públicos y aprendices para que, si querían, participaran en la marcha que terminó asediando a la Corte Suprema de Justicia para que se eligiera con prontitud el reemplazo del entonces fiscal General, Francisco Barbosa.
El documento mencionaba que “el Sena otorga permiso durante la mañana del jueves 8 de febrero de 2024, a los servidores públicos y aprendices de la entidad que deseen participar voluntariamente en la jornada de protesta convocada por organizaciones sindicales para ese día a partir de las 8:30 de la mañana”.
Dicha circular hablaba hasta de que los participantes de la Dirección Regional en Bogotá y los Centros de Formación, se iban a reunir en cierto punto de la ciudad para movilizarse hasta el centro de Bogotá.
Después de que se conoció esa convocatoria desde el propio SENA, reaccionaron varios congresistas de la oposición, como Andrés Forero, quien aseguró “vivimos una preocupante desnaturalización del rol de las entidades estatales. Desde el Sena promueven la movilización con la que el Gobierno pretende presionar a la Corte Suprema de Justicia. El ‘cambio’: el Estado al servicio del ego y los intereses del líder supremo”.