El ambiente político en la capital del Valle se alborotó este jueves 18 de julio por cuenta de una información parcialmente errónea que reveló en primicia una emisora nacional y en la que se aseguraba que el exalcalde de Cali y actual precandidato por esa misma ciudad, “fue imputado por la Fiscalía por su presunta participación en la suscripción de varios convenios interadministrativos para culminar las obras de adecuación del Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali para el campeonato mundial de fútbol Sub-20 en el 2011”. Como era de esperarse la noticia se propagó en redes sociales y sirvió de insumo para sus contradictores políticos en esa ciudad valluna. El tema no era de poca monta, ya que el exalcalde y exsenador Jorge Iván Ospina Gómez y el exrepresentante a la Cámara, Roberto Ortiz Urueña, por ahora son los dos precandidatos que mejor marcan en las encuestas, incluso alejados del lote de los demás aspirantes. A medida que pasaron las horas la noticia se fue decantando y la misma emisora corrigió la nota publicada en un comienzo. Ante esa confusión esta revista indagó el tema y encontró que en efecto hubo un error de fecha y contexto en la noticia divulgada, pero también se pudo establecer que el exalcalde sí es investigado por la Fiscalía y que esa entidad ya lo imputó. Puede leer: El duelo de titanes por la Alcaldía de Cali El exalcalde Ospina Gómez viene siendo investigado por varios contratos que se celebraron en su administración 2008-2011, entre ellos los relacionados con la remodelación del estadio Pascual Guerrero. También se pudo confirmar que Ospina Gómez sí fue imputado por la Fiscalía, pero no esta semana, sino desde el pasado 18 de mayo por el presunto delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos. El polémico contrato que revivió noticiosamente esa imputación contra Ospina es uno que se celebró el 4 de abril de 2008 con la sociedad Visión Digital Comunicación Estratégica Limitada por 460 millones de pesos y cuyo objeto era el diseño de la publicidad y socialización de algunos programas del municipio, como el Plan de Desarrollo y la Constituyente Social. Dicho contrato aparece firmado por Pedro Luis Barco, para la fecha secretario general de la alcaldía de Jorge Iván Ospina. “Y ahora soy investigado en momento prelectoral; pues que lo hagan bien y con minucia para que no quede duda de mi actuar y pues muy raro una filtración tergiversada con el único propósito de hacer daño y minar mi reputación”, Jorge Iván Ospina. A las autoridades les llamó la atención que se hiciera el negocio con una empresa que se había constituído dos días antes de la firma del contrato. Para rematar, el representante legal de dicha empresa, resultó ser un aportante de recursos a la campaña del entonces alcalde Ospina Gómez. En ese punto hay que aclarar que para la fecha aún no era delito contratar con aportantes de las campañas. Esa prohibición legal comenzó a regir a partir de 2011. No obstante, la Procuraduría Provincial de Cali fue la primera en actuar y en octubre de 2008 le abrió pliego de cargos a la persona que firmó el contrato; es decir a Pedro Luis Barco, secretario general del alcalde. Le puede interesar: Vuelven amenazas contra líderes de izquierda en el Valle Para el Ministerio Público era ilógico que dicho contrato se firmara sin el visto bueno del comité de contratación y agregó que, si bien el negocio jurídico se disolvió dos días después de su constitución, “(…) para posteriormente, firmar un nuevo contrato con Guillermo Eduardo Lombana Zapata como persona natural, quien anteriormente, se había desempeñado como representante jurídico de la empresa Visión Digital Comunicación Estratégica Limitada”. En su momento la Procuraduría argumentó que el funcionario Pedro Luis Barco “(…) pudo haber incurrido en una falta gravísima, como quiera que al aspirar para este alto ejercicio y adoptar decisiones debía conocer la normatividad, actuando de manera libre y voluntaria, estando en la posibilidad de elegir entre lo lícito y lo ilícito, vulneración que podría constituir como infracción del deber funcional”. Lo cierto es que al final ese proceso disciplinario culminó con una sanción contra el secretario general de la alcaldía, consistente en la suspensión de un mes de su cargo. Al respecto, Pedro Luis Barco, el funcionario afectado con la sanción, reconoció a este portal la existencia de la imputación de la Fiscalía desde el pasado 18 de mayo, pero dice estar tranquilo porque el contrato inicial con la empresa cuestionada, se disolvió, “nunca se ejecutó”. Criticó que la información sobre esa audiencia de imputación de cargos se conociera justo ahora que las campañas están llegando a un punto crucial y donde el exalcalde Ospina figura entre los más opcionados, “en realidad no entiendo con qué argumento legal piensan enlodar al exalcalde, si quien firmó el contrato cuestionado fui yo”, argumentó el exsecretario general. Dijo además no dudar que ese proceso judicial tenga un interés político, porque según denunció, “cuando Jorge Iván era senador, la Fiscalía me ofreció el cielo y la tierra para que lo salpicara con alguna irregularidad”. Le sugerimos: ¿Por quiénes están apostando los jefes políticos en las elecciones locales? Al respecto, el exalcalde aclaró que fue él mismo quien informó a la Procuraduría de la supuesta irregularidad en la contratación y que lo hizo a través del Defensor Municipal del Tesoro, Jaime Sierra Delgadillo. Aseguró que “delegué la contratación por decreto y no firmé el susodicho contrato. No influyo en la definición del contratista, el contrato es cumplido a cabalidad y bien hecho”. Finalizó quejándose de la manera como se divulgó la noticia, “y ahora soy investigado en momento prelectoral; pues que lo hagan bien y con minucia para que no quede duda de mi actuar y pues muy raro una filtración tergiversada con el único propósito de hacer daño y minar mi reputación”.