El pasado 29 de diciembre, la Gobernación del Valle del Cauca decretó una alerta roja en las instituciones prestadoras de servicios de salud pública y privada del departamento, con el fin de garantizar la atención médica que fuera necesaria durante las celebraciones de fin de año y como medida preventiva ante posibles emergencias —que por lo general pueden surgir en esta época, como riñas y personas lesionadas por pólvora—.
Así lo explicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, quien aseguró que esa fue una “medida preventiva por razones fundamentales como lo son las fiestas de fin de año que, adicional a las festividades, tienen riñas, heridos, accidentes y quemados, tristemente”.
La medida requirió que su implementación y el diseño de planes de contingencia estuviera vigente desde las 6:00 a. m. del 30 de diciembre de 2021 y que vaya hasta la medianoche del próximo 15 de enero.
Además, la funcionaria dijo que a esa medida se suma un hecho que ya el ministro de Salud nacional, Fernando Ruíz Gómez, confirmó: la cuarta ola de contagios de la covid-19, justo cuando su variante ómicron comienza a prevalecer. “Tenemos que entrar en máxima alerta por el incremento de casos de covid-19, debemos estar listos”, fue lo que dijo María Cristina Lesmes.
Un día después del anuncio de la Secretaría del Valle, el 30 de diciembre la Gobernación les pidió a las instituciones prestadoras de salud (IPS) poner en marcha planes de contingencia que garantizaran la prestación de servicios para la comunidad para atender las fiestas de fin de año, según se conoció mediante un comunicado de prensa.
“Tuvimos una reunión con las IPS locales a efectos de ponerlos en conocimiento de la alerta preventiva. Ellas nos deben presentar un plan de contingencia donde garanticen que el personal médico está disponible, la red de urgencias esté disponible, las ambulancias están disponibles. Es una convocatoria para todo el personal médico para que no se vaya de vacaciones”, aseguró aquel día José Fernando Gil, gobernador (e) del Valle.
El mandatario encargado recordó que se trata de “una alerta roja preventiva que tiene como objeto atender todos los casos, con garantías para la ciudadanía, que se presenten con ocasión de las fiestas y las celebraciones de fin de año. No solo tiene que ver con el covid, también con accidentes de tránsito, consumo de licor, uso de pólvora y todas las situaciones que se presenten”.
En consecuencia, el 31 de diciembre se conoció que Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, convocó una reunión extraordinaria con todas las ESE y EPS de la ciudad. El fin radicó en generar estrategias de acción inmediata para atención de ciudadanos con covid-19, específicamente en temas como toma de muestras y vacunación.
Por la alta demanda, en los puntos de toma de muestra se determinó que se les daría prioridad a sintomáticos respiratorios, personas con alto riesgo y casos positivos en círculo primario. “Pido a la ciudadanía que también acuda a sus EPS para la toma de muestras”, complementó la secretaria.
De esta manera, se ordenó también que todas las instituciones prestadores de servicios de salud deberían activar todos los protocolos para estas instancias de forma inmediata. Igualmente, se deberían revisar y suplir debilidades en temas como transporte de pacientes, disponibilidad de camas, desescalonamiento de pacientes a complejidades bajas y dar de alta según resultados.
Tal y como se viene haciendo, también se debe garantizar el jabón, alcohol glicerinado y toallas de papel en todos los baños y entradas de las instituciones. A su vez, se requerirán bolsas plásticas para disponer de los desechos que deje esto. Al tiempo, siguen en pie las normas de bioseguridad de tapabocas, lavado de manos y evitar aglomeraciones.
Luego, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decretó la alerta máxima en la capital por el rápido aumento de los casos de covid-19. El anuncio, que se dio justo en el cierre de la Feria de Cali, fue justificado porque la ciudad pasó entonces de una positividad del 13 % al 17,6 % en las pruebas de covid-19.
“Esta decisión se ha tomado debido a la falta de disponibilidad de antígenos y de pruebas que hay en este momento. Se tenían previstas más de 45.000 pruebas para desarrollarse durante la feria. Sin embargo, por la alta demanda, las pruebas se han venido agotando. Los laboratorios y los grandes distribuidores de reactivos están de vacaciones. Las pruebas que se están solicitando llegan desde Bogotá y Medellín”, explicó Torres.
Para ir en consonancia con el Decreto 4112.010.20.1060 del 30 de diciembre, se tomaron además medidas estrictas y urgentes para reducir la velocidad de transmisión y evitar el colapso del sistema hospitalario.
Y es que en el Valle del Cauca las cifras respaldan las medidas. Al 1 de enero, el boletín de casos positivos de covid-19 en el departamento compartido por la Gobernación dio cuenta de 4.006 casos positivos nuevos, de los cuales 3.089 están en la capital Cali, que corresponden al 69,07 % del total en la región.
Para este día, se reportó un total de 181 personas atendidas en hospitales, de las cuales 128 se encuentran en unidades de cuidado intensivo (UCI). De estas últimas, en el Valle hay un total de 1.181 camas habilitadas y según el boletín más reciente solo el 10,8 % está ocupado por pacientes con covid, mientras que aquellos internados en ellas por otras patologías son 619 para un porcentaje del 52,4 %, para un total de ocupación UCI del 63,2.
Esta última cifra fue confirmada esta mañana del 2 de enero por la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación en conversación con SEMANA.