La denuncia que conoció SEMANA contra una directiva de la Fiscalía incluyó un rosario de pruebas con chats, audios, informes del CTI, quejas internas en la misma entidad, fotografías y hasta resoluciones, para demostrar las irregularidades en las que, presuntamente, incurrió la entonces directora de lavado de activos, hoy jefe de la Dirección Contra las Finanzas Criminales, Luz Ángela Bahamón.
Se trató de una cruzada contra el lavado de activos en 2019, durante la administración del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, que ahora se convierte en la prueba de este proceso. El denunciante es un fiscal que aseguró que fue presionado por su jefe (Bahamón), para obtener órdenes de captura y afectar de manera directa a una reconocida empresa de comercialización de oro en Medellín: CIJ Gutiérrez.
Más de 50 hechos se enumeran en la denuncia del fiscal en la que señala, de manera detallada, cómo Bahamón presionaba por la captura de los directivos de la compañía, mientras este fiscal le insistía que no tenía los elementos de prueba suficientes para hacerlo, que requería de más tiempo para investigar, lo que de inmediato generó una molestia en la directiva con una advertencia adicional: “El fiscal general está presionado por esas capturas”.
Las principales irregularidades, en criterio del denunciante, y que llevaron a la apertura de una investigación formal en la Procuraduría contra Luz Ángela Bahamón y contra quien se desempeñó como coordinadora de policía judicial en la Fiscalía, Luz Cenid Arenas, advierten que una vez fue asignado el proceso por lavado de activos contra la multinacional CIJ Gutiérrez, arrancaron las presiones por obtener en tiempo récord las capturas, incluso, como se escucha en un audio, al parecer, con la voz de la misma Bahamón “Nosotros obtenemos la prueba, después de tenerlos capturados”.
Un segundo hecho denunciado está en las órdenes que, al parecer, fueron impartidas por Bahamón y Arenas al grupo de investigadores cuando el fiscal a cargo del proceso se encontraba fuera del país y en comisión. Las órdenes, de acuerdo con el auto y el resumen de la Procuraduría, incluyeron seguimientos e interceptaciones ilegales a las personas que eran objeto de investigación, sin la previa autorización de un juez. “Se ordenó hacer esto por ser un caso, según la directora, priorizado, reiterando que esto era un tema de interés del fiscal general de la nación”.
Un audio en poder de SEMANA y que fue grabado durante la reunión que convocaron las ahora investigadas permite reconocer la angustia que sentían los directivos de la Fiscalía por obtener las órdenes de captura contra CIJ Gutiérrezantes de la Semana Santa de 2019, a pesar de la insistencia de los investigadores por pruebas, diligencias y peritajes que estaban pendientes y que eran necesarios para soportar las capturas.
En ese audio se escucha, según la denuncia, a Luz Ángela Bahamón:
- Investigadora: No, se van a pedir los más relevantes para mirar.
- Bahamón: Por eso, mínimo son 60 días.
- Investigador 2: Quiero hacer una salvedad, todo eso que dijo el doctor, dijo: no quiero que digan que por mi recomendación el caso no sale. Esas son recomendaciones adicionales para ir con más fuerza, para ir más fuertes.
- Bahamón: Pues de alguna manera sí... Eso que se desechó... Eso lo desechamos hace marras.
Se trató de una reunión que grabaron algunos investigadores para dejar constancia de las órdenes que eran impartidas por Bahamón, sin ser ella la fiscal a cargo del proceso y de cómo, durante los 54 minutos que duró el encuentro, repetía de manera insistente que el fiscal general necesitaba que las órdenes de captura salieran en la primera semana de abril de 2019. “Me volvió a llamar y me dijo no. No me prorroga más porque ustedes habían dicho que en marzo y ahora me salen casi en abril”, se escucha en el audio.
Finalmente, el 11 de abril de 2019, como lo escuchó el país en una rueda de prensa, la misma Bahamón entregó los detalles de la Operación Leyenda del Dorado, que dejó la captura de 11 personas señaladas de sacar del país toneladas de oro “obtenidas a través de la minería ilegal y lavar los dividendos producto de esa actividad”. Lo que no fue público era la pelea que se libraba en ese momento entre Bahamón y el fiscal del caso.
Luego de imputar cargos a las personas capturadas, dijo el fiscal, “presionado por Bahamón”, que se abstuvo de pedir una medida de aseguramiento en centro carcelario. Esa decisión provocó un llamado de atención de la directora, a tal punto que horas después ya no era el fiscal del caso, lo sacaron con una resolución exprés. Meses más tarde fue notificado de una orden de traslado.
SEMANA obtuvo chats y constancias firmadas por investigadores del CTI en las que hacen una grave advertencia sobre las órdenes que fueron, supuestamente, impartidas por Bahamón y que no cumplieron el protocolo legal. Además, aseguran que otros investigadores trataron de sacar los informes de policía judicial del expediente para “corregirlos”.
¿Qué pasó con CIJ Gutiérrez?
La empresa, que llevaba en el mercado más de 140 años, fue objeto de extinción de dominio. Todos los bienes pasaron a la administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales.
El proceso penal contra los directivos fue declarado nulo por un juez tras considerar que la Fiscalía “no cumplió con los requisitos que exige el particular, porque no concretaron los hechos jurídicamente relevantes (...) se carece de ellos, sin que sea posible comprender cómo se estructuran los elementos de cada uno de los tipos delictivos imputados vulnerando así, el debido proceso y el derecho a la defensa”, señala la decisión del juez.
La nulidad que dejó el proceso contra CIJ Gutiérrez en la etapa preliminar no ha tenido mayores actuaciones y está por cumplir tres años en varios despachos, con distintos fiscales que han compartido información, pero no decisiones de fondo. La defensa, en cabeza del abogado Fabio Humar Jaramillo, advirtió que el proceso estuvo plagado de irregularidades desde que inició. “En retiradas oportunidades le ofrecimos colaboración a la Fiscalía y nunca nos atendieron”.
Dice el abogado que en años de proceso y aún después de la nulidad en las actuaciones de la Fiscalía, radicaron más de 120 derechos de petición y ninguno ha recibido respuesta. “Estamos recaudando el material probatorio, las evidencias que soporten una acción de reparación directa. Acabaron con una empresa que entregaba el 1 por ciento del PIB del departamento de Antioquia, con más de 140 años de antigüedad y a la fecha no ha pasado nada, el daño está hecho”, dijo Humar.
En la Fiscalía
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que efectivamente la investigación era una prioridad para la Fiscalía. Se trató de un caso que llevaba años acumulando denuncias e información por los presuntos hechos que luego fueron materia de indagación del ente acusador.
“En ese momento existía una directriz enfocada a atacar a las organizaciones criminales, en especial en casos de minería ilegal y de la forma en que trataban de darles apariencia de legalidad a millones de recursos, producto de esa actividad”, le dijeron a SEMANA.
Esas mismas fuentes negaron presiones a fiscales o investigadores, pero advirtieron que exigían a esos funcionarios resultados de las investigaciones que tenían bajo su responsabilidad, sin que esas exigencias incluyeran actuaciones irregulares o por fuera de la ley. Se conoció que la directora Bahamón y la coordinadora de Policía Judicial ya rindieron versión libre en la Procuraduría.