El incremento en los precios de los combustibles genera mucha sensibilidad entre la ciudadanía. Más aún si se constata que en el último año hasta enero, el precio del Acpm (diésel) aumentó prácticamente 10 por ciento; casi lo mismo que había aumentado en 2017: 9,77 por ciento. Por eso muchos han empezado a sentir el impacto en el bolsillo y las quejas vienen de todos lados: usuarios de a pie, empresarios del transporte de carga y expertos consideran que lo que pasa con el mercado de combustibles en Colombia tiene que resolverse pronto.De acuerdo con Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, uno de los gremios de transportadores de carga por carretera, los combustibles ya pasaron a representar 35 por ciento de la estructura de costos de esta actividad. Así las cosas, cualquier aumento en el precio de la gasolina o el diésel golpea directamente a muchos sectores; el caso más palpable es el de alimentos, un asunto sensible para todos los colombianos.Le sugerimos: A partir del 1 de febrero Colombia tendrá el diesel más caro de su historiaTal vez por eso el más reciente incremento no dejó satisfechos a los usuarios, pues en el caso del diésel los 104 pesos adicionales que pagan por galón durante febrero, dejan a este producto en cotizaciones históricamente altas. En el de la gasolina, los 40 pesos de más que empezaron a cobrar este mes vuelven a poner a este producto muy cerca de sus máximos históricos.Aunque la insatisfacción de los usuarios resulta justificada, el problema es mucho más complejo de lo que piensa la mayoría; la razón, el funcionamiento del mercado de los combustibles se ha vuelto un problema fiscal que, según Juan Carlos Rodríguez, ya llega a 13 billones de pesos, es decir dos veces la reforma tributaria que el Congreso acaba de aprobar.
El asunto es así: la administración del presidente Álvaro Uribe creó el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) que buscaba estabilizar las cotizaciones del diésel y la gasolina.El mecanismo funcionaría como cualquier fondo de estabilización, Cuando las cotizaciones estuvieran bajas, mantendría artificialmente alto el precio a los consumidores para ahorrar recursos que, cuando las cotizaciones subieran, impedirían una escalada en el precio.Este mecanismo permitiría aplanar la curva de precios e impedir la volatilidad que hay en otros países como Estados Unidos. Allá, por cuenta de la variación del precio del petróleo, la cotización de la gasolina puede subir o bajar a un ritmo acelerado.Pero algo salió mal: durante la primera parte de esta década, los precios del petróleo estuvieron bastante elevados y por un largo tiempo, en un rango entre 80 y 110 dólares el barril.Eso hizo que los recursos del FEPC se agotaran, lo que empezó a generar un déficit que en un primer momento los responsables administraron girando tarde los pagos a las refinerías. Pero luego ese déficit se convirtió en deuda pública, a través de la emisión de TES y una carga parafiscal que pagan los refinadores e importadores de combustibles; pero esta última solo se activa cuando los precios son bajos.Por esta razón, se ha venido generando un déficit en el FEPC, que al interior del Gobierno ya se estima en cerca de 13 billones de pesos. De hecho, hasta 2017 el hueco iba en más de 6 billones y según la información acerca del Plan Financiero revelada esta semana por el Ministerio de Hacienda, en 2018, el hueco aumentó en 3,8 billones de pesos y se espera que este año lo haga en 3,4 billones de pesos.Las emisiones de TES para cubrir el déficit del FEPC en 2018 alcanzaron 2,2 billones y se espera que en 2019 lleguen a 3,8 billones de pesos.“El problema es que ya no hay datos, pues las cifras sobre el Fepc nunca volvieron a ser públicas”, explicó el analista Julio César Vera, expresidente de Acipet, el gremio de los ingenieros de petróleos, quien ejerció como director de combustibles del Ministerio de Minas. “Teóricamente, en el precio de la gasolina ya no hay déficit, pero en diésel todavía hay un rezago, que podría ser de unos 500 pesos por galón”, comentó el experto.Así que la presión fiscal sigue aumentando año tras año y ello choca con el descontento de la opinión pública por el exceso de precios. Lo real es que el ajuste para impedir al menos que el déficit siga creciendo parece estar cerca de su fin. El Gobierno decidió tomar el toro por los cuernos. Además de que ha venido aumentando el precio fuertemente, ya inició un proceso de revisión de la fórmula de cálculo que se aplica a estos productos.De acuerdo con el presidente de Colfecar, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, les explicó a los transportadores que su dependencia está mirando al detalle los componentes de la fórmula de fijación de precios, para lograr reducciones importantes que beneficien las finanzas de los usuarios.Le puede interesar: Cada vez menos diésel en Alemania y más en ColombiaPero ese cálculo deberá tener en cuenta el enorme déficit que hay que pagar con recursos provenientes de la venta de combustibles. Por eso, la pregunta es qué va a pasar en general con el mercado de combustibles en Colombia, pues además de frenar el crecimiento en el déficit, es necesario pagar esa deuda billonaria, un problema de orden fiscal de grandes magnitudes.Vera considera que el mecanismo del fondo de estabilización es eficaz, pero hay que hacerle algunos ajustes. Si no se logra con éxito, lo mejor sería, según ella, liberalizar el mercado de la gasolina y el diésel, tal como ocurre en Estados Unidos.En ese contexto, las volatilidades aumentan y así como un galón de gasolina, en un escenario de bajos precios del crudo, podría bajar hasta los 4.000 pesos, en un escenario de alza podría llegar fácilmente a los 15.000 pesos.El ambiente parece propicio, más aún cuando la Corte Constitucional ordenó revisar la manera como se calcula la sobretasa a la gasolina. Eso daría campo para que se inicie una discusión a fondo sobre este mercado. Así las cosas, el precio de los combustibles podría convertirse en el gran debate económico de este año.Si el Gobierno decide meterle mano al problema, tendrá que darse dos pelas: primera, frenar el crecimiento del déficit y, segunda, pagar la billonaria erogación que han generado los subsidios “camuflados” que el país ha venido otorgando en la última década. Todo parece indicar que lograr bajar los precios es una posibilidad remota. Este incendio solo se apaga con más gasolina.