La jueza 44 de conocimiento de Bogotá negó este miércoles el aplazamiento de la audiencia preparatoria de juicio que se tiene programada para este viernes 6 de septiembre en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación y presión a testigos.
Como lo había informado SEMANA, la defensa del exmandatario había solicitado reprogramar la diligencia, debido a un compromiso académico que tiene Uribe fuera del país.
Sin embargo, y por segunda oportunidad, el despacho judicial negó la petición asegurando que es necesario continuar, sin contratiempos, con las audiencias programadas.
“Ante el deber de evitar cualquier acción que afecte el adecuado desarrollo de la diligencia convocada, no se modifica la decisión del 30 de agosto de 2024 de no acceder al aplazamiento de la audiencia preparatoria programada para el 6 de septiembre”, señala la decisión de la jueza.
En la decisión, la jueza señaló claramente que no es obligación que el acusado esté en la diligencia así haya manifestado su deseo de estar presente.
“No es menor verídico que el no poder acudir, no implica un quebrantamiento de esas prerrogativas que alega el defensor, menos cuando ya ha sido ampliamente decantado por la jurisprudencia patria que no es de forzosa obligatoriedad la asistencia del encartado al acto público, cuando como en este evento, no se encuentra privado de la libertad”, indicó.
En las audiencias que empezarán este viernes, tanto la Fiscalía como la defensa del exmandatario, liderada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, pondrán de presente las pruebas documentales y testimoniales que esperan sean tenidas en cuenta para demostrar su teoría del caso.
En este sentido, en entrevista con SEMANA, el abogado Jaime Granados aseguró que habrá sorpresas en esta etapa procesal, por lo que le hizo un llamado a la opinión pública para que esté atenta.
El expresidente Uribe fue acusado el pasado 24 de mayo por los delitos de soborno a testigo, fraude procesal y soborno en actuación penal.
El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que Gilberto Iván Villarreal Pava advirtió que la investigación contra Uribe inició en 2018 mientras la Sala de Casación Penal revisaba una denuncia contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, por la presunta compra de testigos para enlodar al expresidente y a su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, con grupos paramilitares en Antioquia.
Cadena –quien actualmente enfrenta un juicio– le habría ofrecido una serie de beneficios judiciales –entre estos asesorarlo para que su caso pasara a conocimiento de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP)–, así como dádivas. Todo esto a cambio de que cambiara los señalamientos que había hecho ante Justicia y Paz, donde señaló a los hermanos Uribe de participar en la conformación de un grupo paramilitar en la finca Guacharacas, en el municipio de Yarumal (Antioquia), durante la década de los noventa.
La idea era que Monsalve firmara una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia en la que se retractaba de sus señalamientos y señalaría al senador Iván Cepeda de ejercer presiones para que declarara contra Álvaro y Santiago Uribe Vélez.
En el marco de la indagación, la Corte recibió pruebas documentales y físicas –entre ellas varias grabaciones en audio y video– en las que aparecían el abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche intentando convencer a Monsalve para que firmara la carta.
“El doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos y/u otros medios probatorios”, aseveró el fiscal.
En este sentido, indicó que este grupo de personas buscaron “situaciones parcialmente ciertas o que no correspondían a la realidad y que les sirviera para falsear o poner en duda versiones que contra él y su hermano Santiago habían rendido y reiterado los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, entre otros, particularmente con ocasión de la investigación previa referida atrás o por actuaciones penales distintas y que se ventilaban ante la Corte Suprema de Justicia o ante otras autoridades”.