La Procuraduría General de la Nación ha tomado una decisión contundente en el caso de los sobrecostos en el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Arauca. El exgobernador Ricardo Alvarado Bestene ha sido destituido e inhabilitado por ocho años, junto con el exgerente de contratación del departamento, Édgar Alfonso Cadena Díaz, y la exsecretaria de educación ad hoc, Norma Cecilia Cabrera Pérez.
La sanción se produce después de que se descubriera que el contrato de prestación de servicios n.º 174 de 2016, suscrito por el exmandatario departamental, presentaba sobrecostos que ascendían a más de $8.600 millones. Estos sobrecostos persistieron durante la ejecución del contrato, el cual fue adicionado tanto en valor como en plazo de ejecución en enero de 2017.
Según la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se constató una variación real del precio de la ración para el almuerzo del 53,74 %, equivalente a $1.181,77 por almuerzo, y del 13,23 % para el complemento alimentario jornada mañana/tarde, es decir, $271,98 por complemento.
La Gobernación determinó el presupuesto oficial del contrato, aplicando un incremento del 10.85%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el segmento de alimentos. Sin embargo, la Procuraduría determinó que el valor de la ración involucraba otros componentes de costo diferentes a los alimentos, lo que evidenciaba una incorrecta aplicación del incremento.
Además de la destitución e inhabilitación del exgobernador Alvarado Bestene, la Procuraduría también sancionó al exservidor Édgar Alfonso Cadena, quien habría permitido y viabilizado el cuestionado contrato de prestación de servicios. Asimismo, la entonces Secretaria de Educación ad hoc fue encontrada responsable por gestionar y tramitar las adiciones al tiempo de ejecución y al valor del contrato por más de $4.300 millones.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 calificó las conductas de los sancionados como falta gravísima a título de culpa gravísima. No obstante, contra esta decisión, los implicados pueden interponer el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
Ricardo Alvarado y los presuntos nexos con el ELN
Ricardo Alvarado, imputado en octubre de 2021 por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, financiación de grupos de delincuencia organizada y concierto para delinquir agravado, ahora se encuentra detenido en prisión domiciliaria, luego que un juez de garantías dictaminara la decisión.
Según la investigación que llevó a cabo la detención del político, el mandatario habría “pactado un acuerdo financiero” con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz de la guerrilla del ELN. El objetivo sería entregar algunos contratos y a cambio el ELN les ofrecería logística y protección militar “para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona”.
La Fiscalía anticipó en la audiencia donde legalizó la captura del actual gobernador, que en contra de Ricardo Alvarado hay más de 50 investigaciones pendientes por presuntos hechos de corrupción, investigaciones que están en poder de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que este viernes legalizarán su captura e imputarán cargos.
El fiscal del caso señaló “la concentración de esta contratación a través de un integrante de la misma organización que se identifica como Jhonny Alexander Bello, quien funge como contratista dentro de la administración pública y que hace parte de ese plan criminal acordado entre los indiciados, particularmente en este caso del señor José Facundo Castillo”.
“Un análisis desde la perspectiva de una investigación analítica con la intención de develar ese fenómeno criminal que se está dando en el departamento de Arauca, precisamente estas noticias criminales están asociadas a todo un proceso contratación estatal y que está siendo desviado al Ejército de Liberación Nacional ELN”, dijo el fiscal del caso.