Cuando más de una docena de uniformados de la Policía Nacional fueron capturados tras una orden de un juez de control de garantías, la Fiscalía entregó detalles de una investigación que los vinculaba a la organización criminal conocida como el Clan del Golfo en el norte de Colombia.
Los policías fueron detenidos y presentados ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, el ente acusador imputó cargos y solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario que fue aprobada por el juez y que ahora se cae por el vencimiento de términos. Los uniformados quedaron en libertad.
Los elementos de prueba dejaron en claro cuáles eran las actuaciones de los expolicías, cuando utilizaron su cargo para favorecer los intereses de la organización criminal y cómo desde su rol de funcionarios públicos entregaban información a los cabecillas sobre los operativos y las dinámicas de seguridad en la región.
Ahora y después de cumplir varias de las etapas del proceso, un juez ordenó dejarlos en libertad tras considerar que la Fiscalía no cumplió con lo que ordena la ley en relación con los términos procesales para iniciar el juicio en contra de los uniformados. Los meses pasaron y el juicio siguió en veremos.
“Delito autónomo, que es el concierto para delinquir. Hace parte de la estructura del Clan del Golfo que opera y delinque en la zona denominada Majagual, Nechí San Jacinto del Cauca”, dijo la Fiscalía en su momento y una vez obtuvieron la medida de aseguramiento en centro carcelario.
La defensa de los procesados aseguró que se cumplieron los tiempos que exige la ley para concretar el juicio en contra de sus clientes y aparentemente la Fiscalía no cumplió con esos términos, lo que obligó a la justicia a tomar una determinación en favor de los procesados, pues no podían estar privados de la libertad sin definir el juicio.
La Fiscalía, por su parte, apeló la decisión del juez de control de garantías tras insistir que hubo varios tropiezos durante el proceso que impidieron avanzar de manera oportuna en la investigación, que no constituye propiamente a dificultades derivadas de la acción de la Fiscalía, sino también de las otras partes en el proceso.
El caso llegará a una segunda instancia tras la operación de la Fiscalía en la que también se insiste en la responsabilidad que tendrían los uniformados en los hechos materia de investigación y que advierten un grado de peligro para los testigos del proceso, la necesidad urgente de la medida de aseguramiento y así mismo desvirtuar las dilaciones por parte del ente acusador.
Por ahora, los uniformados quedarán en libertad, mientras en la segunda instancia se define la situación jurídica de los policías que fueron desvinculados de la institución una vez se adelantaron los actos investigativos en los que participó incluso la misma Policía con su equipo de investigadores.