Henry Carrillo Ramírez, alias Barriga, posaba de empresario en Cúcuta. Era el dueño de servitecas que a su vez firmaron multimillonarios contratos de mantenimiento de vehículos con la Policía y la Alcaldía. La sorpresa vino cuando, a pesar de ser tan cercano a las instituciones del Estado, fue capturado en un operativo de la DEA y la Policía Antinarcóticos como uno de los más poderosos capos y lavadores de plata del Catatumbo. De hecho, su socio era Megateo, el poderoso capo de la guerrilla abatido en 2015. Carrillo fue extraditado a Estados Unidos. Allí se declaró culpable por el envío de droga a ese país y a España, Puerto Rico y el Caribe. La carga era alistada en lanchas rápidas que partían desde la paradisiaca isla Margarita, en Venezuela. Que la Policía tuviera al enemigo prácticamente trabajando en casa fue apenas la punta del iceberg en una investigación que inició la DEA desde hace varios años y que comienza a rendir resultados. Dos semanas antes de que capturaran a Carrillo, en agosto de 2017, a este le entregaron un reporte pormenorizado de la investigación reservada que se adelantaba en su contra y sabía que las autoridades antinarcóticos le venían pisando el rastro.
Todos los reportes que recibió quedaron registrados. La información la entregaba un intermediario que fue identificado como Orlando López Parra, alias el Gordo. Pero el hombre no actuaba solo, era el mensajero de un poderoso dentro de la Policía que a su vez tenía acceso a cada detalle de la operación, así como el poder de cambiar su rumbo y eventualmente de suprimirle los cargos a Carrillo. Por lo menos de esto quedó constancia en las llamadas telefónicas en donde López Parra le exigió a Carrillo una suma superior a los 500 millones de pesos para suprimir toda actividad de investigación adicional sobre la operación, ayudarlo a evitar la captura y frustrar el procesamiento en los Estados Unidos. De esta plata se alcanzó a hacer una entrega parcial antes de la detención. De los policías que estaban entregando información al capo no se tiene información distinta a los escuetos datos revelados por el indictment. Lo que sí es claro es que López Parra tiene un pie en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara su extradición a Estados Unidos por los delitos de concierto para delinquir con fines de obstrucción a la justicia y obstrucción a la justicia. Una Corte para el distrito de Massachusetts elevó la acusación hace un año y ahora espera a López Parra para que responda por delitos que le pueden dar hasta 10 años de cárcel. No obstante, a este caso le falta una parte jugosa y es quiénes desde la Policía estaban entregando la información y poniendo los esfuerzos de las autoridades al servicio de la mafia.