En la ciudad de Bogotá, de vez en cuando se escuchan estallidos en algún barrio de la capital. Se quiebran algunos vidrios, las ambulancias atienden a los heridos -cuando los hay- mientras que los servicios anti explosivos acordonan la zona y los policías despachan a los periodistas y los curiosos que vienen a asistir al espectáculo. Pronto todo regresa a la normalidad.En ocasiones se trata de atentados contra la fuerza pública, como los que realizó el ELN a finales del año pasado, que causan bajas oficiales y pueden herir a civiles; pero en general el producto de ajustes de cuentas con granadazos, chantajes extorsivos a comerciantes que no quieren pagar la vacuna o bombas panfletarias para reivindicar algunas causa social o política.Por eso es que la explosión que ocurrió el sábado 17 en el centro comercial Andino sorprendió tanto a la opinión pública. Porque se trató de un ataque que causó tres muertes civiles y varias lesiones en una zona concurrida y con alto poder adquisitivo de la capital y porque pronto los principales sospechosos salieron a denunciar la cobardía del ataque y rechazar cualquier participación en el acto terrorista.Puedes leer: Explosión en Andino: comienzan a aparecer pistasA pesar de que se trató de una bomba de baja intensidad -construida con 800 grados de amonal, un producto explosivo usado por grupos terroristas como la ETA-, la complejidad del producto y la publicidad del atentado que asesinó civiles redujo desde un principio la lista de sospechosos capaces de realizar un tal acto.Los principales sospechososEn principio, el ELN apareció como uno de los principales sospechosos, en gran medida porque desde hace tiempo el grupo guerrillero ha hecho de la manipulación de explosivos una de sus especialidades; además de que no ha dudado en actuar directamente en Bogotá. Tan sólo el año pasado, el 16 de diciembre de 2016, unos de sus milicianos asesinaron a un auxiliar de policía en una estación aislada de la carrera séptima con calle 200, antes de instalar explosivos debajo de su cuerpo para hacerlos estallar cuando llegaron sus compañeros al rescate.Igualmente, el 19 de febrero de 2017, detonaron un artefacto de mediano poder en una caja de cables de la empresa de teléfonos de la calle 27 con carrera quinta, en el barrio la Macarena, lesionando a 26 uniformados que patrullaban el sector de la plaza de toros -uno de ellos murió. Sin embargo, en esta ocasión el ELN negó prácticamente enseguida la autoría del atentado del centro Andino a través de varios tuits en los que repudiaron el ataque "execrable", según sus propios términos. Solicitaron al Estado investigar a fondo la identidad de los agresores.Recomendamos: ¿Quiénes estarían detrás del ataque terrorista del Andino?Aunque las células del grupo no siempre obedecen a un mando centralizado, como es el caso de otras guerrillas, parece poco probable que el grupo estuviera dispuesto a arriesgar los diálogos de paz emprendidos con el gobierno en Quito, Ecuador, por medio de una estrategia de terror que afectara de esta forma a la población civil.La segunda sospecha se centró en el grupo desconocido Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP. El hecho de que la bomba hubiera estado presuntamente escondida en las letrinas recordó enseguida el método empleado por banda terrorista, conformada por radicales de universidades públicas vinculados con milicias del ELN.Cabe recordar que desde 2015, el MRP se dio a conocer por atentar con cierta regularidad en contra de instituciones públicas o que manejan dinero del erario. Lo hicieron precisamente a través de explosivos que han detonado varias veces en los baños de las entidades sin causar ninguna víctima mortal a la fecha, pero dejando varios civiles inocentes heridos en actos típicamente terroristas.El 16 de agosto de 2016 estallaron una bomba panfletaria en la sede de Cafesalud de la calle 72 con carrera 13 en la que también abandonaron panfletos con la leyenda: "Ni Santos ni Uribe son opción para el pueblo. La paz de los ricos no es la paz del pueblo" y la bandera de su movimiento. Mientras que el 18 de febrero de 2017, fue la DIAN de la calle 48 con carrera 16 la que vivió el impacto de una explosión también acompañada de mensajes políticos.Este lunes, dos días después del atentado, el MRP habría negado su participación en el bombazo del centro comercial Andino, calificando el hecho como un "acto cobarde" destinado a "sembrar confusión y miedo" en el marco de las elecciones que se avecinan. Esto puede ser considerado como un pronunciamiento cínico, teniendo en cuenta las bombas que han puesto son actos de terrorismo destinados a generar miedo y zozobra en la ciudad, al igual que en el caso del ataque al centro comercial.Sugerimos: Panfleto que sería del MRP rechaza atentado en AndinoEl tercer hilo conductor de las pesquisas parece estar apuntando al Clan del Golfo. La organización criminal ha sido una de las más golpeadas por el Estado en los últimos años y después de que decretaran el Plan Pistola en mayo de 2017, destinado a asesinar policías contra una recompensa como solía hacerse en los tiempos de Pablo Escobar, se han interceptado comunicaciones entre miembros del grupo que planeaban "algo grande (...) en Medellín o en Bogotá", además de que el robo reciente de vehículos oficiales puso en alerta a la Fiscalía de Medellín respecto a la posible detonación próxima de carros bomba en contra de sus instalaciones.El hecho de que las nombradas Autodefensas Gaitanistas de Colombia busquen generar acuerdos políticos desde hace varios años con el gobierno y que estas hayan sido negadas es otro indicio que podría justificar las agresiones en contra de civiles por parte de ese grupo que a la fecha no se ha pronunciado sobre el asunto. Al igual que lo hizo en su momento Pablo Escobar, la intención del grupo es tratar de mostrar un poder mucho mayor del que disponen realidad, para que el gobierno los considere como actores armados en un posible sometimiento que no va a suceder con un grupo narcotraficante que acude al terrorismo para llegar a sus fines.Una ciudad explosivaSerán las investigaciones de Policía basadas en el estudio del tipo de explosivos y el análisis de las cámaras en las que se registraron las entradas al baño del segundo piso -en donde tuvo lugar la detonación- las que indicaran el camino a seguir para despejar las incógnitas sobre este caso. El hecho de que en dos años se registren más de 30 detonaciones en la ciudad de Bogotá -años después a los peores momentos de terror de la capital- hace que la investigación sea más compleja. Apenas en abril de 2017, por ejemplo, las autoridades frustraron una agresión con paquete explosivo de kilo y medio destinado a amedrentar los comerciantes de un local ubicado en la carrera 49 con 19 del barrio de Teusaquillo, muy similar al que hirió a siete personas en un restaurante iraní el 10 de febrero anterior. Sin contar todos los que son desactivados por las unidades antiexplosivos sin que salgan en los titulares de prensa.