Hay sorpresa por la decisión de anticipar la posesión del procurador electo Gregorio Eljach para el próximo viernes 20 de diciembre, en Riohacha, La Guajira, pues se realizará 29 días antes de la fecha establecida constitucionalmente.
La idea de realizar el acto de posesión un mes antes, según fuentes consultadas por SEMANA, fue de la Casa de Nariño. En los últimos meses, ha habido una tensión permanente entre la administración de la procuradora Margarita Cabello y el presidente Gustavo Petro.
La manzana de la discordia entre los dos funcionarios ha sido la facultad de la Procuraduría para sancionar funcionarios públicos elegidos por voto popular, un tema trascendental para el presidente Petro, quien justamente regresó a su cargo como alcalde de Bogotá luego de haber sido destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, en diciembre de 2013, gracias a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La gestión de Cabello ha sido un constante tire y afloje con Petro por este tema. Incluso, se presentó el caso del exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, a quien se le demostró corrupción en un contrato de acueducto público. Fue sancionado y la Presidencia se negó a acatar la decisión y nombrar su reemplazo. Coincidencia o no, en este municipio se realizará el acto de posesión.
Este tema, en el cual Cabello ha contado con el respaldo de las decisiones de la Corte Constitucional, se suma a los cuestionamientos por la forma en que se está llevando a cabo la denominada reforma agraria. El organismo de control ha documentado que el Gobierno Petro ha desembolsado dinero para comprar predios que pertenecen al mismo Estado.
Otros temas que la Procuraduría ha vigilado de cerca han sido el programa ‘Caminos para la paz’, que ha entregado multimillonarios recursos a dedo; la financiación —posiblemente— irregular de la campaña presidencial; la suspensión de altos funcionarios, y la especulación en torno a la compra del software Pegasus.
Todos estos capítulos han puesto a la saliente procuradora Cabello en la orilla contraria al presidente Petro. Por eso, el acto de posesión, improvisado y un mes antes de lo que contempla la ley, se lee como un golpe de Palacio a Cabello.
Fernando Carrillo tomó posesión del cargo, en la Casa de Nariño, ante el entonces presidente Juan Manuel Santos, el 16 de enero de 2017. Lo propio ocurrió con Alejandro Ordóñez, quien también asumió este cargo ante Santos, el 15 de enero de 2013. Cabello tomó posesión el 15 de enero de 2021, y empezó a ejercer funciones al día siguiente.
Aunque en la Procuraduría lo descartan, hay un asunto de fondo que preocupa en ciertos sectores jurídicos y es si los actos y las decisiones que se tomen al cierre de esta administración pueden tener algún conflicto por la decisión del Gobierno Petro de anticipar el nombramiento de Eljach.
Además, resulta irónico que la posesión del nuevo procurador Eljach sea justamente en La Guajira, donde Petro anunció una inversión sin precedentes para sacar a los habitantes de la pobreza y llevarles agua. Un tema que terminó en el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el escándalo de corrupción más grande del actual gobierno y que tiene como epicentro al deprimido departamento.
SEMANA consultó con la Casa de Nariño sobre esta decisión y la probabilidad de que tenga implicaciones en el funcionamiento y el cierre de la gestión de la procuradora Cabello. La respuesta fue clara: es un acto legítimo y ajustado a la ley.
“El Decreto Ley 262 de 2000, en su artículo 3, señala que el procurador general debe tomar posesión de su cargo ante el señor presidente de la República, sin que en dicha norma u otra se establezca una antelación mínima o máxima para que se realice esa diligencia”, afirmaron desde la Casa de Nariño.
Y agregaron: “Dado que el mismo artículo 3 señala que: el período de cuatro años de dicho funcionario es de carácter personal, la posesión del procurador electo previo al inicio de su período constitucional no implica un obstáculo para el desempeño funcional de quien ocupa el cargo, ni irregularidad alguna, por lo que ha sido una práctica reiterada realizar este tipo de posesiones de manera anticipada por motivos de agenda, protocolarios, entre otras causas”.