Hasta ayer jueves 5 de enero trabajó en la Secretaría Distrital de Integración Social el subdirector de Infancia Luis Hernando Parra, a quien le notificaron que no iba a más en este cargo que desempeñó por tres años, desde el inicio de la administración de la alcaldesa Claudia López.
Pese a que la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, tiene la potestad para cambiar a los directores de la entidad, dado que asumen el cargo bajo libre nombramiento y remoción, la salida de Parra estaría ligada a constantes denuncias de concejales de Bogotá por precariedad y tercerización laboral. A estas son expuestas los profesores y maestras de los diferentes jardines infantiles que hay en la capital del país.
Varios educadores de estos jardines infantiles se han quedado sin contrato, sin que Parra, quien estaba al frente de la dirección de Infancia de Integración Social, estableciera un plan de contingencia para evitar esta problemática.
Desde el Concejo de Bogotá, son varios los cabildantes que desde meses atrás han venido denunciando esta problemática en los jardines del Distrito en los que se atiende a niños de la primera infancia. Una de ellas es Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, quien mostró su respaldo a la salida de Parra de la Secretaría de Integración Social.
“Esperemos que con el cambio de subdirector de Infancia en Integración Social mejore la atención en jardines y les paguen a sus profesoras a tiempo”, aseguró Bastidas.
De hecho, la cabildante reveló que hay muchos educadores “que tienen suspendido el contrato desde principios de diciembre”.
En noviembre, incluso, la concejal Bastidas, en medio de una sesión en la Plenaria del Concejo de Bogotá, cuestionó fuertemente el hecho de que los jardines infantiles fueran a atender a los niños únicamente hasta los primeros días diciembre, simplemente para no pagarles más sueldo a los educadores.
“Los niños que en esta ciudad estudiaban hasta el 16 de diciembre, van a estudiar hasta el dos de diciembre para ahorrar plata, para joder a las maestras que no van a tener con qué comer en diciembre porque no van a trabajar”, dijo la concejal en su momento.
Ese día, con la presencia del secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, en el Concejo, Bastidas se preguntó: “¿Les parece bien que las profesoras, que trabajan por prestación de servicios, duren tres meses sin contrato?”.
Las dificultades con los jardines infantiles a lo largo de 2022 no solo se concentraron en los contratos, sino en la demora para pagarles a los profesores por los meses trabajados con anterioridad. Según lo denunció también la concejal Bastidas en su momento, en octubre había varios educadores a quienes le debían el sueldo del trabajo realizado en agosto.
La cruda realidad laboral en los jardines infantiles obedece a la tercerización laboral, como lo denunció desde hace unos meses la concejal de la Unión Patriótica Heidy Sánchez.
De acuerdo con la cabildante, la administración distrital, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, “terceriza a través de temporales y sus funcionarios maltratan a las maestras de jardines infantiles”.
Sánchez reveló que la Secretaría de Integración Social suscribió el convenio de asociación 12016 de 2021, cuyo objeto era administrar la prestación del servicio de educación inicial en los jardines infantiles diurnos y nocturnos en Bogotá. Este convenio lo celebró con la “Unión temporal por la niñez y la educación”.
Con esta decisión, según lo explicó Sánchez, “de entrada, se está tercerizando una actividad propia de la entidad: la ejecución del programa de jardines infantiles en horario adicional en desarrollo de la oferta del sistema distrital del cuidado, y se le entrega esta responsabilidad a un tercero: la Unión Temporal”.
Como si fuera poco, “a las trabajadoras docentes se les vincula bajo órdenes de prestación de servicios (OPS) y además se les exige el cumplimiento de tareas que no son propias de ese servicio, por ejemplo: promover los programas por fuera de su jornada en los espacios públicos de la localidad”.
La concejal agregó: “Estas irregularidades también incluían: ofrecer contratos por dos meses para ejecutar una actividad que es permanente durante todo el periodo de ejecución del proyecto, no suministrar implementos necesarios de aseo y bioseguridad ni dotación para los trabajadores”.
Lo peor del caso, como lo afirmó Sánchez, es que “de todo lo anterior tenía conocimiento Luis Hernando Parra, subdirector para la infancia de Integración Social, quien desde mayo recibió denuncias de estas irregularidades, pero se limitó a hacer “conminaciones” a la Unión Temporal en vez de ejercer la labor del Estado”.
Así las cosas, toda esta problemática habría pasado factura y a Parra se le comunicó que no iba a seguir en su cargo dentro de Integración Social.