Entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de abril del año 2014 se registraron piques ilegales en las pistas de aterrizaje del aeropuerto Perales, de Ibagué. Las pruebas indican que esa madrugada 51 vehículos y dos motocicletas ingresaron al paso restringido para realizar esta actividad que estaba totalmente prohibida.

Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué y quien para el momento de los hechos era el gerente de Aeropuerto, fue vinculado a la investigación por considerar que incurrió en una omisión de sus funciones y haber permitido que se utilizara la pista para actividades ilegales. Debido a esto se le imputaron los delitos de peculado por uso y alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

El inicio del juicio estaba programado para agosto de 2020 -tras varias largas en las audiencias preparatorias-, sin embargo, la defensa alegó que los términos para adelantar el proceso judicial ya se habían cumplido, situación por la cual pidió la prescripción. En la audiencia celebrada el pasado 2 de diciembre, el abogado le pidió formalmente al juzgado segundo de conocimiento de Ibagué que archivara el caso, situación que no fue del agrado de la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas (Aeronáutica Civil) que alegaron que la demora en el inicio del juicio se presentó por las maniobras dilatorias ejecutadas por la defensa que, en más de una ocasión, pidió aplazamientos y suspensiones alegando motivos de salud.

“Se sabe a ciencia cierta que son maniobras dilatorias para evitar la terminación del juicio dentro de los términos establecidos y se trata de una reiterada burla a la administración de justicia al despacho”, aseguró en su momento el representante del Ministerio Público. Por su parte, la Fiscalía alegó que contaba con suficientes elementos materiales probatorios que permitían inferir que Hurtado, siendo administrador del Aeropuerto, tuvo conocimiento de los piques y que, cuando estalló el escándalo en los medios, intentó de diferentes maneras que los testigos no lo vincularan.

El fiscal aseguró que la defensa del Alcalde presentó, además de las peticiones de aplazamiento, recusaciones contra el juez, amenazas de muertes, presentación de pruebas sobrevinientes que no tenían lugar, apelaciones de todo tipo ante el Tribunal Superior, interrogatorios injustificados a los testigos de cargo. Por estos hechos se dejó constancia en la audiencia y se le pidió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial que adelantara una investigación contra los abogados que representaron al mandatario en el proceso penal.

Pese a todo esto, el juzgado avaló la petición de la defensa del Alcalde y archivó el caso. Por el momento, Hurtado solamente estará vinculado al delito de ocultamiento y alteración o destrucción de elementos materiales probatorios por haber, supuestamente, ejercido presiones en contra de los testigos.

El Alcalde de Ibagué ha sostenido que jamás tuvo conocimiento o permitió el ingreso de estos vehículos a la pista de aterrizaje.

El único condenado

Hasta la fecha el único condenado por permitir el ingreso de los vehículos para los piques ilegales es Daniel Cadena Ortiz, vigilante nocturno del Aeropuerto. En marzo de 2021, el Tribunal Superior del Tolima revocó el fallo que lo absolvió y lo sentenció a 4 años y 5 meses de prisión (54 meses) por los delitos de peculado por uso en concurso con ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

En el proceso se demostró que Cadena aprovechó su trabajo como vigilante para manipular las cámaras de seguridad que daban al lugar en el que se habrían realizado piques ilegales. La evidencia concluyó que seis cámaras de seguridad habrían sido manipuladas, lo cual consistió en abrir totalmente el zoom con lo cual se afectó la clara visibilidad. Esta misma acción se reporta en la grabación hasta las 3:00 de la mañana.