Una investigación de la Fiscalía reveló un entramado de corrupción que enreda a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Se trata de una red criminal, presuntamente integrada por funcionarios públicos y particulares, todos comprometidos con desplazar a personas humildes, dueños de terrenos en el departamento del Meta, para apoderarse de sus propiedades y luego venderlas al Estado, como parte del proyecto del Gobierno de comprar predios.
El ente acusador estableció cuál fue la dinámica criminal, la forma en que al parecer los funcionarios y particulares lograron apropiarse de los terrenos, bajo intimidación y amenazas a los dueños. Luego, con la presunta colaboración de un inspector de Policía y un concejal de Puerto López, los predios pasaban a manos de terceros que, en complicidad con otros funcionarios, terminaban vendiéndolos a la ANT.
“Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial Renacer, entre ellos el concejal de Puerto López (Meta) Carlos Orlando Heredia Leal y el ex inspector de Policía Carlos Gilberto Romero Parrado, como presuntos responsables de desplazamientos y usurpación de tierras en el oriente del país”, señaló la Fiscalía.
La Fiscalía recaudó los elementos de prueba, los testimonios de los afectados y los presentó en una audiencia de imputación de cargos en la cual los ahora capturados no aceptaron su responsabilidad. No se trata de simples conductas contra la buena fe, de acuerdo con el ente; el fiscal contra el crimen organizado logró establecer que hubo casos de desplazamiento forzado y hasta financiación del terrorismo.
“Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, desplazamiento forzado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada”, explicó el ente acusador.
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Más personas fueron detenidas. En la operación contra esta organización criminal, conocida como Renacer, los presuntos responsables fueron identificados y capturados en diferentes operativos que, de acuerdo con los elementos de prueba, participaron en el entramado delictivo para dejar sin tierra a campesinos y luego venderla al Estado.
“Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario. Además de los funcionarios, los otros afectados con la decisión son: Sibel Rubiano Galvis, Carlos Enrique Osorio, Álvaro Cegua García, Luis Eduardo Quiceno Tonguino, Celerino Marín Moreno, Bernardo Antonio Ramírez Montoya, Manuel Leonardo García Herrera y Pedro Alejandro Rojas Campos”, señaló la Fiscalía tras las audiencias preliminares.
Ante un juez de control de garantías fueron presentados los capturados. La Fiscalía explicó la necesidad de una medida de aseguramiento en su contra tras advertir que representan un peligro para las víctimas y el proceso que apenas arranca.
Respuesta de la ANT
Ante esta información entregada por la Fiscalía, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) salió a negar que funcionarios de esa entidad hayan comprado predios a particulares. A través de un comunicado advirtieron que “la entidad no ha comprado predios a privados en Puerto López. Los únicos predios adquiridos en este municipio del departamento del Meta son alrededor de 14, a través del convenio con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que se encarga de la administración de bienes sujetos a extinción de dominio”.
Y aunque es claro que es la Fiscalía quien logró estas capturas y así lo informó, desde la ANT erróneamente culpan a los medios de comunicación y dicen que “rechazamos de manera categórica las afirmaciones infundadas por cualquier medio de comunicación que induzca a la desinformación sobre este tema y les llamamos respetuosamente a la rectificación de dicha información”.
Refiriéndose a la Fiscalía, para quien debió ser emitido este comunicado, señalaron que “manifestamos nuestra plena disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y aportar cualquier información que pueda contribuir a la investigación en curso. La entidad respalda las acciones que busquen garantizar justicia frente al desplazamiento forzado”