Un preocupante informe emitido por la Defensoría del Pueblo ha sacado a la luz la cruda realidad del desplazamiento forzado en Colombia durante el mes de julio. Según el ‘Boletín de Movilidad Humana’, un total de 12 eventos de desplazamiento forzado masivo impactaron a diversas regiones del país, dejando en su estela una preocupante cifra de familias afectadas y personas desplazadas.
El informe detalla que un total de 882 familias, compuestas por 2.520 personas, se vieron desplazadas debido a estos eventos durante el período comprendido entre el primero y el 31 de julio. De acuerdo con la Defensoría, estos incidentes ocurrieron en 10 de los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano. Además, se presentaron cinco eventos de confinamiento y 15 eventos que generaron riesgo de desplazamiento o confinamiento.
“Es importante resaltar que, a lo largo del año, la Defensoría del Pueblo ha observado un aumento en el subregistro de los fenómenos de desplazamiento forzado y confinamiento o su riesgo, causados por las amenazas de diferentes grupos armados no estatales contra la población civil. Estas amenazas generan temor, impidiendo que las comunidades decidan no declarar los hechos. Sumado a esto, existe desconfianza hacia algunas instituciones y ciertas comunidades se encuentran distantes del casco urbano, lo que también estaría contribuyendo al incremento del subregistro”, detalló la entidad en el boletín.
Los departamentos afectados por desplazamientos y confinamientos son:
- Meta
- Chocó
- Valle del Cauca
- Antioquia
- Norte de Santander
- Nariño
- Caquetá
- Arauca
- Cauca
- Huila
- Putumayo
- Guaviare
- Magdalena
Estos incidentes ponen de manifiesto las realidades que enfrentan comunidades enteras en diferentes partes del país. La Defensoría del Pueblo ha estado monitoreando de cerca estas tendencias y dinámicas en movilidad humana, proporcionando “una visión más completa” de los desafíos que enfrenta el país en términos de desplazamiento y vulneración de derechos.
El boletín también resalta la preocupante situación de la población migrante, revelando casos de confinamientos y vulneraciones a sus derechos en lugares específicos. Para la entidad, esta información no solo sirve como llamado de atención a las autoridades y a la sociedad en su conjunto, sino que también subraya la necesidad de abordar y resolver de manera urgente estas problemáticas.
Aumenta el flujo de migrantes menores de edad por el Darién
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo emitió un informe que reveló una preocupante tendencia en la migración a través de la región del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Durante los primeros seis meses de este año, según la entidad, se ha registrado un aumento exponencial en el número de migrantes que cruzan esta zona, incluyendo a niñas, niños y adolescentes (NNA) tanto extranjeros como colombianos, quienes enfrentan serios riesgos de vulneración de derechos.
Entre enero y junio, un total de 196,371 personas migrantes, procedentes principalmente de Venezuela, Haití, Ecuador, China e India, han atravesado la frontera hacia el país centroamericano vecino, detalló la Defensoría. Esta cifra es alarmante en comparación con los datos del mismo período del año anterior, cuando salieron del país por la región del Darién un total de 49,452 personas, representando un asombroso aumento del 297 %.
Lo más preocupante es el impacto en los menores migrantes. Durante el primer semestre de este año, se ha registrado la migración de 40,171 menores de edad, en contraste con los 7,369 menores que cruzaron en el mismo período del 2022, lo que equivale a un incremento impactante del 445 %, resaltó la Defensoría. Incluso más alarmante es la identificación de menores que migran sin sus familias, aumentando su vulnerabilidad en esta situación.
Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, expresó su inquietud acerca de esta situación. Advirtió que el aumento en el número de migrantes conlleva un mayor riesgo de vulneración de derechos, incluyendo violencia sexual, robos, trata de personas y tráfico de migrantes.
“A la Defensoría del Pueblo le preocupa el aumento en el número de migrantes, lo que sin duda significa un riesgo mayor de vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por ejemplo, a ser víctimas de distintas formas de violencia, incluida la sexual, como también de hurtos, trata de personas y tráfico de migrantes y discriminación. Violencias que son ejercidas por las estructuras ilegales que delinquen en esos lugares irregulares de tránsito”, indicó el defensor Camargo Assis.
En respuesta a esta creciente crisis, las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá emitieron conjuntamente una Alerta Temprana Binacional en abril pasado. El propósito principal de esta alerta es instar a los gobiernos de ambos países a implementar medidas con el objetivo de garantizar los derechos y la seguridad de aquellos que cruzan la frontera a través del Tapón del Darién.
Según la Defensoría del Pueblo, la ausencia de registros oficiales en Colombia complica la evaluación precisa de la situación. La Defensoría se basa en datos proporcionados por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) para comprender la magnitud del flujo migratorio.
Ante esta crisis, el Defensor del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que Migración Colombia establezca un programa de registro y caracterización de la población migrante que cruza la frontera con Panamá. Además, se enfatiza la necesidad de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) incremente la atención en las zonas de tránsito y garantice los derechos de los menores de edad.