Entre el año 2018 y el primer trimestre de 2019 se recibieron 20.814 quejas relacionadas con el servicio del transporte público. Es decir, unas 28 quejas diarias, de las cuales el 40 % hacen referencia a frecuencias, 23 % a comportamiento de conductores, 22 % a omisión de paradas y el restante 15 % a accidentalidad y forma de conducción.
El concejal del Partido Liberal Samir Abisambra mostró este viernes su preocupación frente a estas cifras y aseguró que los entes de control registran que aún no hay una mejora en la calidad de la prestación del servicio, el cual es uno de los principales objetivos de la firma del otrosí con los concesionarios.
“El primer indicador de Evaluación Integral Trimestral de la Calidad del 2020 ha sido desfavorable para los concesionarios. Los operadores Suma, Consorcio Express, GMóvil, Este es mi Bus y Masivo Capital, quedaron con bajos indicadores de desempeño y baja calificación con D y E, es decir deficiente e inaceptable”, señaló el cabildante.
Incluso a varios de los operadores de los buses del SITP se les adelantó el proceso para la imposición de multas por incumplimiento operativo. “Si la evaluación de los resultados con respecto a las obligaciones contraídas en el otrosí afecta el valor a pagar o la remuneración del concesionario, la Secretaría de Movilidad debe aclarar ¿Por qué se presenta un aumento importante de las remuneraciones en 2019? ¿Por qué durante los nueve primeros meses de 2020, se remuneró en 1,36 billones a los concesionarios, cifra que implica un aumento nominal del 2,5 %, con respecto a la alcanzada con el mismo corte de 2019?”, manifestó el concejal.
Abisambra además encendió las alarmas por el estado actual del SITP Provisional, en específico por el proceso de chatarrización. Él asegura que el sistema provisional opera a través de 53 empresas afiliadoras que operan 133 rutas, con 4.129 buses y 4.194 conductores. El SITP Provisional tiene autorización para operar sólo hasta diciembre de 2021 y la preocupación radica en la forma en la que se llevará a cabo el desmonte de este sin que haya afectación de los propietarios de vehículos.
“Aún es incierto si podrán obtener una ayuda económica estatal, que les permita seguir operando y obtener el sustento para sus familias, mientras es adquirido y pagado el vehículo, lo cual puede extenderse hasta diciembre de 2021 ante la crisis económica que atraviesa el SITP Provisional, ocasionada por la pandemia, y ante las solicitudes que han presentado ante la administración, requiriendo destinar recursos para que a manera de auxilio les permita subsanar su situación económica. ¿Cuál ha sido la gestión de la Secretaría de Movilidad para responder a la petición de fondo de auxilio o ayuda económica directa para los propietarios y empresas del SITP provisional?”, cuestionó Abisambra.
El SITP Provisional, a pesar de venir siendo desmontado, hoy continúa siendo un componente importante dentro del servicio de transporte púbico dado el volumen de pasajeros. El SITP Provisional registró 340′655.204 de validaciones en 2019 y mueve un 32,64% del total de los pasajeros al interior del sistema, cifra que resulta alta de cara al futuro desmonte.
Según el concejal, existe la posibilidad de una parálisis en la prestación del servicio de transporte público debido a la problemática financiera del SITP provisional ocasionada en parte por la disminución de ingresos a causa de la emergencia sanitaria y la desigualdad que existe entre los propietarios de vehículos que operan en el SITP Provisional, frente a los concesionarios.
Mientras que los concesionarios del SITP Provisional no tienen esa garantía ni amparo, dice Samir Abisambra, para la personería el auxilio del FET, Fondo de Estabilización Tarifaría, cobija al transporte público en su totalidad de acuerdo con el artículo 33 del Plan Nacional de Desarrollo, que versa sobre la sostenibilidad del sistema de transporte y el decreto distrital 383 de 2019 que regula el FET.
En caso de no poder apelar al FET como mecanismo de ayuda económica para rescatar al SITP Provisional, es necesario que la administración explore mecanismos jurídicos que permitan dar continuidad al SITP Provisional, exploración que no se ha dado hasta el momento.
En cuanto a la obligación de adquirir el parque automotor por parte de los concesionarios, de acuerdo con el compromiso, para mayo 31 de 2020 se debían tener chatarrizados 303 vehículos, pero solo se alcanzaron a chatarrizar 202; es decir, se cumplió sólo con el 66% de lo pactado a pesar de contar con los recursos de los otrosíes.