En un corto comunicado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó las posibles chuzadas de las que estaría siendo víctima el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, y aparentemente, varios de sus magistrados auxiliares por parte de la inteligencia gubernamental.
Ante la grave denuncia que reveló SEMANA, la Comisión se pronuncia asegurando que “rechaza de manera contundente cualquier acto de presión, intimidación o intervención ilegal en contra de la justicia, y en este caso específico en contra de los magistrados de la Corte Constitucional”.
Así mismo, hicieron un llamado a la Fiscalía para que la investigación que abrieron el pasado 21 de junio por esta delicada situación, se establezca, “lo más pronto posible”, el origen y la responsabilidad de las circunstancias que se habrían presentado en esta lamentable situación.
“Exhorta a todos los sectores de la sociedad y el poder público en Colombia para que se garantice la independencia y seguridad de la Rama Judicial y todos sus integrantes, quienes tienen la misión de proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos a través de la constitución y las leyes”, dice el comunicado.
SEMANA conoció que pasado el miércoles 19 de junio la fiscal Luz Adriana Camargo concurrió a una sala plena convocada de forma extraordinaria en la Corte Constitucional. En la reunión estaban presentes todos los magistrados del alto tribunal. Fuentes del despacho de Camargo le contaron a SEMANA que, en ese encuentro, la fiscal recibió una de las denuncias más graves desde que está en su cargo.
En ese encuentro, el magistrado José Fernando Reyes, presidente Corte Constitucional, le entregó a Camargo una carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar denuncia cómo él y su esposa están siendo víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal que incluye chuzadas telefónicas, seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes. Todo por cuenta de su trabajo como magistrado en esa Corte.
Y es que todo se dio justo cuando el mismo magistrado alertaba a través de su cuenta de WhatsApp que “me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”.
Después de que la Fiscal General obtuviera el documento de dos páginas que relataba la situación irregular de la que estaría siendo víctima el magistrado Ibáñez, este le reportó al presidente de la Corte Constitucional que “desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”.
Con este nuevo escándalo a flote para el gobierno de Gustavo Petro, el propio presidente respondió a través de su cuenta en X frente a los serios cuestionamientos que han sectores de la oposición y de la justicia sobre este nuevo escándalo.
“Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, dijo el mandatario.