Una amplia radiografía de las problemáticas de la población migrante que vive en Bogotá hizo el personero, Julián Pinilla Malagón, en la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.

El jefe del Ministerio Público distrital reveló que, a pesar de que, miles de ciudadanos venezolanos se han inscrito en el Estatuto Temporal de Protección, el proceso de implementación ha presentado una serie de obstáculos que han retrasado el acceso de la población al Permiso por Protección Temporal generando barreras para la garantía del derecho a la identificación, la salud, el trabajo en condiciones dignas, la educación y servicios privados.

Así mismo, denunció que el Permiso Especial de Permanencia perdió vigencia sin que las personas lo tuviesen, lo que implicó, en muchos casos, perder la afiliación en salud o el empleo formal, dada la imposibilidad de afiliarse a seguridad social sin un documento vigente.

“Personas con enfermedades crónicas o catastróficas han visto interrumpido su tratamiento con graves implicaciones para su integridad y vida”, sostuvo Pinilla Malagón.

Igualmente, indicó que el tiempo de espera para saber si se recibe o no este permiso ha sido mayor del indicado al iniciar el registro (90 días), sin tener respuesta sobre el plazo adicional de espera, con las implicaciones que tiene para el acceso a distintos servicios. “Las personas han tenido que acudir a acciones constitucionales, lo que implica una carga adicional a su proceso”, indicó el personero.

También es un desafío la garantía de derechos de la población que no será cobijada por el Estatuto, pues ingresó al país en condición de irregularidad migratoria después del 31 de enero de 2021. “Esta población, en muchos casos con perfil de protección internacional, no está teniendo fácil acceso a la figura de refugio en Colombia, porque no es un procedimiento de amplia difusión, el tiempo de estudio de las solicitudes de refugio es largo e indefinido y el salvoconducto otorgado a las personas solicitantes no facilita el acceso al mercado laboral”, señaló el funcionario.

Adicionalmente, de acuerdo con el jefe del Ministerio Público, persiste la discriminación y estigmatización, generando a su vez victimización. Y es que, de acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Gobierno, el número de víctimas extranjeras del delito de trata de personas, principalmente de nacionalidad venezolana, ha ido en aumento. En el año 2017, el 5 % del total de víctimas era de origen venezolano. Esta cifra se elevó al 24 % en el año 2019 y al 28 % en el año 2021.

De acuerdo con cifras reportadas por la Policía de Infancia y Adolescencia en Bogotá, entre el 1 de enero y el 30 de julio del 2022, se han registrado 173 casos de niñas, niños y adolescentes ejerciendo la mendicidad ajena; del total de esos casos, 90 son población migrante proveniente de Venezuela, es decir el 52 % de los que son víctimas de este delito son de nacionalidad venezolana.

En el año 2021 se registraron 151 homicidios con víctimas de nacionalidad diferente a la colombiana, de los cuales 40 de estos casos no registran de qué país son nacidos. Los 109 casos restantes registran ser de nacionalidad venezolana.

La población migrante y en especial la venezolana presentó una tasa de pobreza mucho mayor que el resto nacional (7.5 %) para el 2021; es decir, que 7 de cada 10 personas de origen venezolano en Colombia están por debajo de la línea de pobreza monetaria, reveló el funcionario.

El evento, que se llevó a cabo en la sede de la Procuraduría General de la Nación, contó con la presencia del ministro del Interior, Alfonso Prada; del viceprocurador Silvano Gómez Strauch; el vicedefensor del Pueblo, Luis Fajardo; y el presidente de Fenalper, Daniel Guillermo Arenas.