Recientemente, se dio a conocer por parte de la Secretaría de Movilidad de Bogotá que el sistema de fotomultas presenta algunos errores, causando que los conductores sean multados injustamente en la capital del país debido a las fallas que se presentan.
La concejal, Gloria Elsy Díaz Martínez, hace un tiempo, habló de la preocupación que hay por los errores en el sistema de las fotomultas en Bogotá.
En la página web del Concejo de Bogotá, Díaz Martínez tiene un informe detallado donde expresa que de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, que se acoge a la Sentencia C- 321 de 2022 de la Corte Constitucional, “el propietario debe velar porque el vehículo de su propiedad circule por lugares y en horarios que estén permitidos, sin exceder los límites de velocidad.
Pero, en esa misma sentencia son claros en indicar que el uso de sistemas automatizados para la detección de infracciones de tránsito es constitucional, siempre que los sistemas sean precisos y confiables y esta responsabilidad recae sobre el Gobierno”.
Díaz reveló, en medio de un Debate de Control Político en el Cabildo Distrital, enfocado en Infracciones de tránsito y detección electrónica, “tres graves errores en el sistema de la Secretaría de Movilidad que se vienen presentando desde hace meses”.
1. Error en la placa de vehículos. El error recae en que la cámara confunde la W con la N y al parecer a estas personas se les ha generado un proceso de exoneración por error de placa.
2. Pico y placa con vehículos híbridos: La relación del híbrido está directamente en el RUNT y las cámaras están tomando el comparendo por pico y placa, a pesar de que, Los vehículos eléctricos e híbridos hacen parte de la lista de excepciones de esta medida. Indicando que no se está realizando la previa validación.
3. Velocidad: Un vehículo puede ir a la velocidad permitida y puede pasar un vehículo mucho más rápido y la cámara puede cometer el error de imponerle el comparendo al vehículo que iba lento.
Luego del debate, cientos de ciudadanos han denunciado cobros excesivos y arbitrarios que corresponden a los tres errores de fotomultas denunciados por la Concejal.
Velocidad como principal riesgo vial
El texto señala que el exceso de velocidad, bien sea por velocidad excesiva (conducir por encima del límite de velocidad establecido) o por velocidad inapropiada (conducir demasiado rápido de acuerdo con las condiciones de la vía, pero dentro de los límites), está considerado casi de forma unánime como el mayor factor de riesgo de los siniestros viales (OPS,2017).
La siniestralidad vial, más allá de ser una tragedia social que enluta a cientos de familias al año en la ciudad, “tiene un costo anual equivalente al 2,9% del PIB de la ciudad (1 Billón de pesos), reflejado en (Universidad de Los Andes, 2018):”.
- El rango de velocidad entre los 56 y 60 km/h es el que presenta un mayor número de infracciones. Solo en el 2022 se impusieron 202.215 infracciones que estaban en este rango de velocidad, en el 2021 fueron 51.032 y hasta el 28 de febrero del 2023 se registraron 63.241 infracciones.
- El rango de velocidad mayor a 66 km/h es el que ocupa el tercer lugar en infracciones. Sin embargo, preocupa que las cifras de infracciones por manejar a esta velocidad sean tan altas y solo sean superadas por el rango de 61 a 65km/h por un promedio de 2.500 casos. Por ejemplo, hasta el 28 de febrero de 2023 se presentaron 21.516 infracciones por manejar entre 61 a 65km/h, 2.433 casos más que las infracciones por manejar a más de 66km/h.
Además, de acuerdo con las respuestas dadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, de los comparendos por infracciones a las normas de tránsito impuestos a través de las cámaras salvavidas desde el año 2020:
- 119.211 comparendos han sido pagados sin realizar ningún curso y 110.479 fueron cancelados con el beneficio del curso pedagógico sobre normas de tránsito.
- 61.511 son los comparendos impugnados a partir de la imposición o audiencias realizadas a corte de 5 de marzo de 2023.
Salud mental y movilidad
- Las presiones de tiempo
- Frustración por la incapacidad de avanzar rápidamente en los atascos, para atender plenamente a los pasajeros y la polución,
- Los ruidos
- Las congestiones de tráfico
- Factores que pueden desencadenar conductas de ansiedad.
Para poder ejemplificar la gravedad de la situación, en 2022, fallecieron 541 personas por siniestros viales, de ese total, el 95% (514 víctimas) fueron actores viales vulnerables: peatones, ciclistas y usuarios de moto (conductor + acompañante). Agrega que del total de actores viales que murieron, el 95% eran actores vulnerables: peatones, usuarios de moto (conductor + acompañante) y ciclistas, en su mayoría jóvenes entre los 25 y 34 años.
También se evidenció que los motociclistas estuvieron involucrados en el 62% de las muertes en Bogotá, algunos como conductores, otros en su condición de acompañantes, o en incidentes fatales con peatones y ciclistas. El análisis de la Secretaría de Movilidad, también revela un incremento de 22% en la cantidad de ciclistas fallecidos, y una reducción significativa de 11% en peatones fallecidos, en comparación con 2019.
Dificultades con el recaudo y cobro de los comparendos por infracciones de tránsito en la ciudad desde el 2018:
- El valor de las prescripciones no es insignificante, hasta enero de 2023, el monto total es cercano a los $260.521.887.747.
- 2018 fue el año donde se presentaron mayor cantidad de prescripciones, la cifra era cercana al 55% de los comparendos que se impusieron ese año.
- El 2021 fue el año donde se presentó un menor número de prescripciones, en relación con las cifras del 2018.
- Ahora, al revisar los comparendos impuestos en cada año frente a los comparendos pagados, se evidencia que se presentó una mayor cultura de pago durante los años 2018 (51%), 2019 (47%) y 2021 (38%).
- Por otro lado, los años donde se evidencia una menor cultura de pago de los comparendos son el 2022 (0.02%), y 2023 (25%). Lo más preocupante de esta tendencia, es que en el 2022 se impusieron la mayor cantidad de comparendos en el Distrito, cifra que ascendió a 1.172.484.
El informe detalla, la incapacidad de las entidades de Tránsito para hacer el procedimiento del cobro coactivo, ya que, en muchos casos, no cuentan con la infraestructura o con el capital humano que permita hacer que el cobro de las infracciones de tránsito sea positivo.