En una extensa entrevista con SEMANA, el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, habló de los escenarios que podrían venir si a las EPS se les acaba el oxígeno, como han advertido. Uno de estos es lo que sucedería con los miles de usuarios que, además de tener el servicio de salud, pagan mes a mes una atención complementaria, como es la medicina prepagada.
“Esas personas afortunadamente tienen la capacidad económica de acceder a un servicio distinto”, señala Rueda. “Un usuario que tenga medicina prepagada, pues continuará recibiendo los servicios que le garantiza su medicina prepagada”, agrega.
Pero hace una advertencia. “Las medicinas prepagadas no garantizan todos los servicios y esa tampoco es la realidad para todos los colombianos”.
El presidente de Sanitas es claro en afirmar que la crisis que están viviendo las EPS afectará en especial a las personas de escasos recursos. “Cuando los sistemas de salud no logran financiar correctamente la totalidad de sus servicios, normalmente lo que ocurre es que las personas tienen que financiarlos de su propio bolsillo”, puntualiza.
El directivo asegura que en el momento en que el sistema al final no logre garantizar los beneficios que tiene el actual sistema, las personas van a volver a lo que ocurría antes.
“Van a tener que apelar a pagar sus propios servicios, a pagar sus medicamentos, a una serie de cosas a las que no queremos llegar hoy. Este sistema las garantiza y yo estoy seguro de que las puede garantizar más tiempo. Pero si ello no ocurriera, y digamos fracasa el sistema como tal, lo que ocurre en otras sociedades es que las personas terminan pagando de su bolsillo y ahí abrimos un espacio muy grande a la inequidad, porque habrá quienes pueden pagar una medicina prepagada, quienes pueden pagar un servicio particular, pero quienes no tienen capacidad de hacerlo, pues van a tener un problema de acceso y un problema de salud que como sociedad podemos evitar”.
Sobre los posibles incrementos en el costo del servicio de medicina prepagada, un escenario que han advertido muchos expertos, Rueda se pronunció con mesura y prudencia. “Yo no puedo anticipar lo que puede ocurrir allí”, aseguró. Relató que en Colombia hoy hay alrededor de 1 millón de personas con planes integrales de salud prepagada y aseguró que en un escenario sin EPS es probable que muchos más colombianos adquieran ese servicio.
“Entonces, eventualmente, muchas más personas van a van a invertir de sus propios recursos sacrificando cosas, sacrificando la educación, sacrificando la vivienda, sacrificando el entretenimiento para garantizarse su salud”, dijo.
Pero fue claro en afirmar que hoy no se puede hablar de un aumento en el valor de esos servicios. “Que los precios de la medicina prepagada vayan a subir o vayan a bajar no lo puedo anticipar. Yo realmente creo que lo que ocurría es que se generarían muchas atenciones particulares. Se volvería mucho más probable que la persona vaya a un médico particular. Es probable que se generen planes para personas de recursos medios. Hoy las medicinas prepagadas, pues están en un grupo particular de la población, pero hay muchos planes voluntarios de salud que las personas pagan para recibir acceso preferencial a algunos servicios o una atención con algunas comodidades distintas”.
Rueda, sin embargo, aseguró que hoy no quiere pensar en ese camino, porque está seguro de que la situación va a aliviarse. “Yo no quiero pensar en ese escenario distópico. Yo tengo la convicción y la fe de que este sistema puede perdurar y que tiene la financiación. Podemos lograr la financiación suficiente para que no avancemos”, dijo.
Lea la conversación con Rueda.
SEMANA: Tras leer la carta, a muchos les quedó la pregunta, ¿EPS Sanitas cerraría en septiembre?
Juan Pablo Rueda (J. P. R.): De manera responsable, lo que estamos tratando de advertir es que la situación ha llegado a un momento muy crítico. De no resolverse, empezaremos a tener dificultades. Lo que anunciamos no es un cierre de la operación nuestra, ni que no vamos a atender más, sino que estamos llegando a un punto en que va a empezar a ser muy difícil responder por las obligaciones que tenemos. Lo que hicimos con el Gobierno fue pedirle un espacio para plantearle soluciones.
SEMANA: ¿Cómo se llegó a este punto?
J. P. R.: En el último año y medio, los ingresos que recibimos para atender nuestras obligaciones han sido insuficientes. Las EPS tenemos dos tipos de reservas, dos tanques de oxígeno. Uno es el patrimonio. Entre 2022 y 2023 este disminuyó en más de 400.000 millones de pesos. Hemos agotado nuestros recursos en pagar atenciones de servicios que no se cubren con la financiación del Gobierno.
SEMANA: ¿Cuál es el segundo tanque?
J. P. R.: Las reservas técnicas. Son recursos para las atenciones en salud que se han prestado, pero que aún no se han pagado. Esa reserva se puede agotar pronto. Si eso pasa, y realmente no queremos llegar a allá, no podremos pagar oportunamente a nuestros prestadores. Si eso llega a ocurrir, ya existiría un riesgo real de que alguno de ellos no pueda atender a nuestra población.
SEMANA: ¿Cuántos dependen de estos tanques?
J. P. R.: Tenemos alrededor de 5.700.000 colombianos bajo nuestra responsabilidad y operamos en más de 500 municipios. Tenemos contratadas más de 3.000 instituciones, entre clínicas, laboratorios y proveedores de medicamentos. Al año, gestionamos 90 millones de atenciones.
SEMANA: Y si se agota, ¿qué pasa?
J. P. R.: Cuando se agoten las reservas técnicas, que es lo último que nos queda, van a empezar a presentarse demoras en los pagos. No queremos que ocurra, pero entendemos que los prestadores continuarán atendiendo hasta que para ellos también sea imposible. Y en ese momento, que no puedo decir si es en uno, dos, tres o cinco meses, pueden verse afectados los usuarios. Esto no es señal de que va a haber un momento en que haya atención cero. Eso no va a ocurrir. Pero a partir de septiembre este flujo económico hacia los prestadores no va a ser el que es ahora.
SEMANA: Ustedes sostienen que la UPC no es suficiente. El ministro Jaramillo asegura que sí y que les han pagado por adelantado.
J. P. R.: Nosotros estimamos que el incremento de la UPC para 2023 debió ser de 24 %. Entonces, aunque el incremento de la UPC del 16 % es alto históricamente, no alcanza a cubrir no solo la inflación, sino la mayor frecuencia de servicios de salud que vivimos. Los recursos de la UPC sí se giran y se giran de manera anticipada, pero son insuficientes.
SEMANA: ¿De cuánta plata es ese faltante?
J. P. R.: Para Sanitas, unos 400.000 millones de pesos al año. En el sector se habla de unos tres billones de pesos.
SEMANA: ¿Qué más les deben?
J. P. R.: El covid dejó unas insuficiencias. También hay deudas explícitas en lo que no está cubierto por el Plan de Beneficios en Salud y que viene por la vía del Mipres. El médico la diligencia, y como EPS debo garantizar el servicio. El proveedor le factura a la EPS. Entonces, ahí tenemos unas obligaciones económicas que luego reclamamos al Gobierno. El ingreso que recibimos ahí tampoco es suficiente. En el caso de Sanitas, la cifra económica es muy relevante: más de 300.000 millones de pesos. Allí hay una cartera con los prestadores y el riesgo de que suspendan los servicios. Son medicamentos de enfermedades huérfanas, cáncer y enfermedades neurológicas complejas, entre otros.
SEMANA: Entre los pacientes hay mucha preocupación. ¿Qué le dice a quien está en medio de una quimioterapia, está embarazada o tiene una cirugía pendiente?
J. P. R.: Nosotros tenemos mucha fe y mucha confianza en que el Gobierno ha entendido la gravedad de la situación y que va a trabajar activamente en corregirla. Nuestros afiliados pueden seguir esperando de nosotros lo que han recibido en estos últimos 28 años: una intención y una determinación por cuidar de ellos. Quisiera que esa persona que está en medio de una quimioterapia, esa mujer en gestación o el paciente que tiene su cirugía pendiente sepa que todo lo que estamos haciendo es justamente para que no ocurra ninguna falta en su atención. Les diría que tenemos una devoción muy grande por nuestros afiliados. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance hasta el último momento, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos decisiones del Gobierno.
SEMANA: Usted hoy es el presidente de esta gran EPS, pero también fue paciente. ¿Qué tanto ha pesado esa experiencia?
J. P. R.: Esa es mi motivación y es mi vocación. Tuve un cáncer cuando estudiaba Medicina. Me enseñó muchas cosas. Una de ellas es que la energía de las personas debe estar en su recuperación y no en coordinarlo todo para su atención. También me enseñó lo complejo que es para una familia soportar la carga económica de una enfermedad catastrófica. Valoro más este sistema de salud. Nadie tiene que quedar en la pobreza, vender el carro o la casa, sacrificar la universidad de sus hijos. Si mi familia no hubiese tenido la posibilidad económica y el cariño para acompañarme en toda esa complejidad de servicios, tal vez no estaría aquí. Yo sí tuve que ver cómo muchas personas no lo lograron. Entonces, ciertamente, me motiva que demos lo mejor de nosotros.
SEMANA: ¿Qué vivió usted que hoy no suceda?
J. P. R.: No existían las EPS en ese entonces. El médico me formulaba la quimioterapia y teníamos que buscar en qué droguería estaban los medicamentos. Esperábamos semanas, a veces meses. La cirugía no se podía hacer si no se compraba la prótesis, se dejaba un depósito y había con qué pagarlo. El sistema ha garantizado muchas cosas. Tenemos que protegerlo.
SEMANA: ¿Qué va a pasar con los médicos que trabajan en Sanitas si se acaba el tanque?
J. P. R.: Si eventualmente llegamos a un problema financiero muy grande, probablemente no podríamos continuar con la vinculación de muchos de estos profesionales, no solo los que trabajan directamente, sino los de las redes aliadas. Yo creo que trabajo para los médicos siempre habrá, lo que pasa es que el día que lleguemos a un momento en que la ausencia de las EPS genere un sistema que no es tan sostenible, cambiarán las condiciones de remuneración. Nosotros en Sanitas estamos seguros de que tenemos una remuneración justa y una forma de contratación honesta. Yo confío en que encontremos soluciones. No hay una inminencia de que pierdan su puesto de trabajo.
SEMANA: El Gobierno Petro ha sido muy duro con las EPS. Los han llamado ladrones y acusado de la muerte de niños guajiros. ¿Cómo se sienten ustedes?
J. P. R.: No nos sentimos bien. Hay un esfuerzo empresarial muy grande, un esfuerzo de muchos trabajadores. Si hay robo y fraude, hay que señalarlo y corregirlo. Los señalamientos de La Guajira son muy complejos. Nos duele mucho como país que haya mortalidad infantil en La Guajira, en el Chocó, incluso en las ciudades, pero esos problemas no tienen que ver solamente con el sector salud.
SEMANA: La ministra Corcho tenía una relación muy tensa con ustedes. ¿Se han sentido mejor con el ministro Jaramillo?
J. P. R.: Son dos personas muy diferentes. Yo creo que las instituciones deben trascender a las personas que están allí. No fue fácil con la doctora Carolina Corcho. No ha sido fácil con el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. No ha sido fácil la comunicación, y si no hay comunicación, difícilmente podemos avanzar en el trabajo conjunto.
SEMANA: La carta produjo este diálogo que pedían. ¿Cómo ha sido?
J. P. R.: Nosotros radicamos esa carta a finales del mes de julio. La semana pasada se concretó una cita para el miércoles. En esa reunión, se abrieron unos caminos. No fue una discusión fácil, pero creo que hubo una confluencia y por eso se abrieron unas mesas de trabajo. Hasta este momento, aún no hay solución, pero ya hay un espacio.