El concejal de Bogotá, Diego Cancino, y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez pidieron que se declare nula la elección del contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, elegido por el Concejo de Bogotá para el período 2022-2025, por considerar que incidió indebidamente en la formulación de la normatividad que fijó el procedimiento de su elección.

De acuerdo con la demanda de nulidad electoral presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el ahora contralor habría tenido injerencia en las reglas de juego que se diseñaron para su propia elección.

“El 18 de noviembre de 2019 se publicó la Resolución 0728 de 2019 por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales, en la cual Julián Mauricio Ruiz Rodríguez tuvo injerencia, al ser el director de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República en ese entonces, creando las reglas de su propia elección y violando a su vez el principio de igualdad, imparcialidad y debido proceso”, señalan los demandantes.

Julián Ruiz, quien tiene en este momento la tarea de cuidar los recursos públicos de la ciudad, fue elegido por el Concejo de Bogotá, el 17 de mayo de 2022, casi por unanimidad: 29 votos a favor (ningún otro candidato recibió votos) con la participación, según Cancino, de concejales señalados de recibir favores de su parte.

El concejal de la Alianza Verde denuncia que durante su paso como encargado de la Contraloría General (noviembre 2021), le sirvió para contratar a familiares de concejales que luego votarían en su elección.

“De hecho, en el segundo semestre de 2021, la Contraloría General nombró y contrató a familiares (hermanos, hermanas y cónyuges) de varios concejales de Bogotá. Varias contrataciones se realizaron a través de la Dirección Administrativa y Financiera, cuya directora Sandra Patricia Bohórquez también hizo parte de la terna”, señaló el concejal Cancino.

El cabildante señala, además, que Ruiz nombró a su amigo y compañero Juan Carlos Gualdrón en la Contraloría Distrital. “De acuerdo con información reciente, Gualdrón está involucrado al parecer en millonarios desfalcos a los recursos de la paz (Ocad Paz)”, dijo.

“El manejo de recursos públicos tiene que ser sagrado. Una persona estaría violando el principio de igualdad, imparcialidad y del debido proceso y de esa manera no podría ser contralor distrital. No a los atajos”, puntualizó el concejal.

Esta demanda de Cancino y Velásquez se suma a la que instauró semanas atrás el suspendido contralor de Villavicencio, Carlos Alberto López López, ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Al mismo tiempo, López solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de Ruiz, mientras el Tribunal toma una decisión de fondo.

Los argumentos de López se fundan en que Ruiz se desempeñó como contralor general de la República encargado y vicecontralor general encargado y en propiedad, 12 meses antes de la elección, es decir que, para el demandante, Ruiz desplegó en Bogotá autoridad administrativa sobre el Concejo de Bogotá, potencial o materialmente.

De acuerdo con la demanda de López, el cargo de contralor general de la República, en condición de encargado, conlleva el ejercicio de autoridad administrativa en absolutamente todo el territorio nacional, compatible con el de la entidad territorial. Así mismo, conlleva la capacidad de ordenar recursos y celebrar contratos en la ciudad de Bogotá, como sede del ente de control.

Básicamente, son los mismos argumentos por los cuales el Tribunal Administrativo del Meta suspendió a López, provisionalmente, del cargo de la Contraloría de Villavicencio, por lo que espera que el Tribunal de Cundinamarca tome la misma decisión en el caso que le compete.

Cabe mencionar que la demanda contra López en Villavicencio fue presentada por Jorge Calderón Perilla, quien asegura que López no podía estar en la elección de contralor de Villavicencio, porque estaba inhabilitado al haber ocupado ese mismo cargo, pero en el departamento del Meta.