Luego del escándalo que se registró por la acumulación de contratos por Karen Cuellar, la esposa del polémico exasesor Andrés Mayorquín de la oficina de la jefe de Gabinete del presidente de la República Iván Duque, la Casa de Nariño sacó una nueva directiva que pretende ponerle fin a ese tipo de fenómenos.
En ese documento, se dejan claros los requisitos y controles que ahora se deben presentar para poder acceder a los procesos de contratación con entidades públicas; todo a raíz de los 24 contratos con más de 15 entidades del Estado a los que accedió Karen Cuellar, la cónyuge de Mayorquín, los cuales se suscribieron en tan solo dos años por valor de 1.245 millones de pesos.
“Antes de la suscripción de cualquier contrato de prestación de servicios profesionales, o de apoyo a la gestión, se deberá verificar si el contratista, esto es, la persona natural o jurídica, tiene suscrito con cualquier entidad del Estado algún otro u otros contratos de la misma naturaleza, para lo cual deberá apoyarse en las plataformas tecnológicas del Estado disponibles, tales como, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (https:/Icolombiacompra.gov.co/secop/secop) y el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) (https://portal.paco.gov.co/)”, se desprende dentro del documento de la nueva directiva 01 de 2022.
Y agrega la comunicación de la Casa de Nariño: “Lo anterior con la finalidad de verificar la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión”.
Advierte, el Gobierno nacional que las entidades estatales indistintamente de su régimen contractual están obligadas a publicar en el SECOP la información oficial de la contratación que realicen con recursos públicos.
“Dicho deber además se fundamenta en la garantía de los principios de publicidad y transparencia. De otro lado, las entidades estatales, incluidas las que se rigen por el derecho privado en materia contractual, al ser sujetos obligados a garantizar el derecho de acceso a la información y a los documentos públicos, de acuerdo con la normatividad vigente, deben publicar en el SECOP los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales, relacionados con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión”, explicó la Presidencia de la República.
También establece la nueva directiva que se deberá aplicar desde este momento: “En desarrollo del principio de debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, las entidades harán seguimiento continuo, consultando y analizando la información registrada y declarada en las plataformas tecnológicas del Estado disponibles, incluyendo las modificaciones ocurridas durante el tiempo de ejecución, para identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión riesgos en la toma de decisiones”.
Otra de las medidas adoptadas tiene que ver con el plazo de un mes para el reporte en el que conste si el servidor público tiene familiares, hasta segundo grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con el Estado.
“El servidor público deberá mantener actualizada su información en el SIGEP. Todo lo anterior con el fin de generar las posibles alertas a partir de la interoperabilidad de sistemas de información del Estado y en cumplimiento de la normatividad vigente”, dice la directiva que está firmada por el presidente Iván Duque.
Y finalmente expresa: “Cuando la entidad identifique irregularidades en el proceso contractual, deberá reportar la información correspondiente a las autoridades competentes. Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente”.
Hace varios días y frente a la fuerte controversia que se ha desatado en el país por el caso de la polémica esposa del exasesor de la Presidencia de la República, Andrés Mayorquín, por múltiples contratos que tuvo con entidades públicas, la jefe de Gabinete, María Paula Correa, dio explicaciones sobre cómo esa persona llegó a la Presidencia.
En ese momento, la funcionaria explicó que la asesoría en la Presidencia de Andrés Mayorquín se materializó por la experiencia que tenía en el Congreso, sumado a los estudios superiores que realizó el exasesor que, según ella, lo acreditaban para asumir ese cargo.
“El señor Andrés Mayorquín llegó a la Presidencia de la República en el año 2019, él venía de estar muchos años en el Congreso, si no estoy mal desde el 2014, y era conocido por varios funcionarios del gobierno, inclusive era conocido por el presidente Iván Duque cuando fue senador de la República”, dijo Correa.
“Yo soy una persona que respeta la vida privada de las personas que trabajan conmigo, así como espero que respeten la mía, sí quiero decir que yo no sabía de los contratos y cuando salen los nuevos contratos sí me siento asaltada en mi buena fe”, concluyó.