Tras conocerse el fallo de la Corte Constitucional sobre la reducción de las semanas de cotización para las mujeres para pensionarse, pasando de 1.300 a 1.000 semana, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, se refirió sobre esta decisión.
En primer lugar, indicó que todas las sentencias de los jueces de la Repúblicas tienen que ser acatadas por los funcionarios públicos y, en especial, por el Gobierno. En ese orden de ideas, le solicitó al Congreso tomar en cuenta la decisión de cara a los debates de la reforma pensional.
“Toda la sentencia de los jueces de la República tienen que ser acatadas por los funcionarios públicos y más el Gobierno. Aquí hay un comunicado a la honorable Corte Constitucional que hace un anuncio y por supuesto es bueno sugerirle al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, al Congreso en Pleno, que estudie la decisión de la honorable Corte Constitucional y como se están discutiendo reformas, entre ellas la pensional, pueden considerar la posibilidad de incluirlo en los articulados de este proyecto de ley que se está discutiendo en este momento”, afirmó Dussán.
El alto tribunal le ordenó al Congreso definir un régimen que garantice las condiciones de equidad al derecho a la pensión de vejez para las mujeres, especialmente aquellas que figuran como cabezas de familia. La decisión ha sido calificada como trascendental e histórica, dado que cambia las semanas de cotización para ellas.
En horas de la mañana del 6 de junio, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la exigencia de las 1.300 semanas de cotización, por lo que impuso como plazo máximo el 31 de diciembre de 2025 que el Congreso en coordinación con el Gobierno, adopten el régimen de causación del derecho frente a la pensión de vejez en el que se considere integralmente el enfoque de género.
En el fallo se determina que a partir del primero de enero de 2026, y si el Legislativo no adopta dicho régimen, se disminuirán gradualmente las semanas de cotización hasta llegar a las mil. La Corte, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, estudió la demanda presentada en contra de un artículo clave de la ley 797 del 2003, que fijaba el número de semanas que debía cotizar la mujer para acceder a la pensión.
En la acción judicial se reclamaba por el desconocimiento de la situación de la mayoría de las mujeres en el país que, por diferentes motivos —pobreza, conflicto armado, madres cabeza de familia, informalidad, entre muchos otros—, no podían cumplir estos requisitos, aumentando así la brecha social y económica que históricamente las ha marcado. El demandante insistía en que el mencionado artículo desconocía el derecho de las mujeres a obtener una protección especial en el ámbito de la seguridad social, para garantizarles la igualdad material en el acceso a la pensión de vejez.
Cabe indicar que, por el último escándalo que salpica al Gobierno de Gustavo Petro y que tiene que ver con los audios comprometedores de Armando Benedetti (ex embajador de Colombia en Venezuela) con Laura Sarabia (ex jefa de Despacho); el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, señaló que las discusiones de las reformas (entre las que está la pensional) se congelaron hasta nuevo aviso.
Quedan un par de semanas para que la legislatura culmine, por lo que con la decisión de pausar los debates implica menos tiempo para que el Gobierno logre su cometido de aprobarlas en los tiempos esperados. Al ser las discusiones iniciales, a los proyectos de ley todavía les queda el procedimiento legislativo, el cual puede no hacerse por completo en las fechas restantes.
La propuesta para la política de jubilaciones no ha tenido ni siquiera su primer debate en el Senado, a pesar que algunos congresistas ya han expuesto las posturas y propuestas que se plantearán, para modificar el escrito presentado por el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, esta reforma es la que más atrasa está, aunque se espera que el 7 de junio pueda arrancar por fin el primer debate y sea discutida lo más pronto posible.