Un nuevo llamado de atención hizo este martes el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao, frente a todos los ataques que se están presentando en contra de las decisiones de jueces y magistrados y que, a su juicio, buscan afectar la independencia de poderes.
“La única forma de mantener la independencia es tener nuestro compromiso con el sistema, no con las opiniones de los demás, y menos con las opiniones de otros poderes públicos”, aseguró el magistrado en medio de su conferencia en la Universidad Libre de Cartagena.
Recordó que la Constitución y la ley son claras cuando señala la autonomía y la independencia de los poderes públicos en Colombia. “Estamos sometimos únicamente al imperio de la Constitución y la ley”, explicó el presidente de la Comisión al recordar que esta es una batalla de muchos años y no se puede perder.
Para el presidente del alto tribunal, cada juez y magistrado tienen un mandato constitucional que no se puede perder de vista, y mucho menos “ser presionado para que tomen decisiones.
“Es un mandato constitucional de imparcialidad. A pesar que su señoría sea odiado por todo el mundo habrá un juez que le restablezca su derecho. A pesar que toda la sociedad quiera que sus jueces tomen decisiones contraria a ella, el juez tendrá que tomar decisiones que no le gusten a las mayorías”, aseveró.
“Y si las mayorías quieren que condenemos y hay que absolver pues debemos absolver. Y si las mayorías quieren que absolvamos y las pruebas indican que hay que condenar, pues tenemos que condenar”, recordó el magistrado Cajiao.
En su conferencia, el magistrado aclaró que cualquier afectación a la recta administración de justicia mediante la presentación de recursos dirigidos a aplazar audiencias, recusar a los jueces y dilatar los procesos, constituye una clara falta disciplinaria cuando se evidencia que se quiere afectar el normal desarrollo del juicio ya sea penal, disciplinario, civil o administrativo.
“Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones manifiestamente encaminadas a entorpecer el normal desarrollo del proceso. ¡Apela por todo, recusa por todo, pide nulidades por lo mismo con el único afán de alargarlo”, aseveró.
Finalmente, aseguró que existen varios temas en los que la administración de justicia ha tenido que demostrar su talante, como es el despojo de tierras durante el conflicto armado.
Recordando que los paramilitares, a la fuerza y con amenazas, así como con la anuencia de registradores y notarios, se apropió de hectáreas de manera totalmente ilegal.
Los jueces tuvieron que poner en marcha lo establecido en la ley de víctimas y restitución de tierras, emitida en 2011 para tratar el tema del despojo. Pero acá se presentó una grave problemática con el tema de los “terceros de buena fe”.
“En Colombia sí hay leyes que empiezan a hablar de consideraciones de tipo moral”, explicó el magistrado al hacer énfasis en estos procesos. “El paramilitarismo hizo una cosa horrible: llegaba a las fincas, hay un dueño, y lo obligaba a vender las fincas. Esta es una parte muy oscura de la realidad colombiana”.