Sin dar nombres ni casos concretos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra mostró un fuerte cuestionamiento a la situación que se está presentando actualmente entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Justicia y Paz.
Para el magistrado Chaverra, es clave fortalecer los mecanismos de justicia transicional con el fin de garantizar la administración de justicia. Sin embargo, lo que no se puede, es que personas que han incumplido los compromisos en Justicia y Paz, por poner un ejemplo, terminen en la JEP.
“Bajo esta misma línea de pensamiento no surge conveniente que de manera indistinta aquellas personas que se acogieron al modelo de Justicia y Paz sean ahora involucradas como comparecientes de la Justicia Especial para la Paz”, aseveró el presidente del alto tribunal en su intervención.
El magistrado calificó esta situación como una “burla” pues no se entiende cómo los postulados que incumplieron puedan pasar una especie de puerta giratoria entre los dos modelos de justicia transicional que existen pese a que son muy diferentes.
“Deja en evidencia que el postulado o compareciente que no cumplió sus compromisos de verdad ante Justicia y Paz pueda pasar impunemente a otro sistema de justicia y acogerse a sus beneficios, dando cuenta de unos hechos que debió narrar cuando se postuló ante Justicia y Paz, o lo que es aún peor, ante la pérdida de los beneficios de un modelo de justicia por haber cumplido los compromisos pasa a otro modelo de justicia”, aclaró.
Este tipo de situaciones afectan los verdaderos objetivos de la justicia transicional que se ha conformado en medio de momentos históricos. Entre estos, la desmovilización de grupos paramilitares en el año 2005 y la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en el 2016.
“Esto representa una desarticulación de los modelos de justicia transicional y un retroceso frente al ideal de verdad y justicia”, concluyó el presidente de la Corte Suprema.
La semana pasada, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez quedó en libertad después de estar 17 años en prisión.
La decisión se tomó pese a que existe hoy por hoy un conflicto de competencias elevado por un magistrado de Justicia y Paz ante la Corte Constitucional.
En la solicitud se pide aclarar qué tribunal tiene competencia para definir las solicitudes de libertad de Mancuso Gómez quien fue deportado el 27 de febrero después de cumplir una condena en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Mancuso fue designado como “gestor de paz” por parte del Gobierno Petro. En una rueda de prensa, el excomandante del Bloque Norte de las AUC reveló que entregará información sobre el paradero de varios cuerpos de víctimas del conflicto armado que están en Venezuela.
Igualmente, anunció que está a la espera que se fije fecha y hora para un encuentro con el presidente Gustavo Petro para hablar de diversos temas.
“Yo acepto esa invitación amable y benévola del señor presidente de la República, ya salí, estoy en libertad (...) y espero que el señor Presidente me diga la fecha, la hora y el lugar para poder adelantar esta reunión que nos convoca a este diálogo sobre la manera de lograr esa paz total”.