No cayeron para nada bien las declaraciones hechas recientemente por el alto comisionado de paz, Otty Patiño, quien sugirió cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este jueves, el presidente de ese tribunal, Roberto Carlos Vidal, señaló las consecuencias para el país si prospera la propuesta que fue puesta sobre la mesa por parte de Patiño.
Entre estas, se encontraría una sanción por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de Colombia, puesto que se habría omitido el cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos para investigar a fondo los hechos del conflicto armado interno.
“La declaración que produce esta reacción nuestra nos hace temer que el Estado colombiano pudiera incurrir en incumplimiento de sus obligaciones internacionales, lo cual podría tener un efecto muy negativo para el Estado”, explicó el magistrado Vidal.
Para ello, planteó un escenario “de cara a que podrían volver a abrirse mecanismos como el examen preliminar –ojalá nunca suceda– o que la Corte Penal Internacional tuviera que asumir sus obligaciones en la falta del cumplimiento del Estado colombiano”.
En rueda de prensa, el magistrado Vidal reseñó que las funciones de la JEP de investigar, juzgar y sancionar hechos registrados durante el conflicto armado se verían afectadas por la decisión de cerrar anticipadamente ese “tribunal” que tiene ocho de existencia.
“En ese sentido, la JEP tiene una función clave a futuro en lo que tiene que ver con la estabilización, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las víctimas, la reconciliación y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz”, aseguró el presidente del tribunal creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.
“La JEP también alerta sobre la posición que puede tomar la Corte Penal Internacional frente a cualquier decisión que apunte a cerrar la JEP antes de tiempo o que impida el desarrollo de sus funciones, o restrinja los recursos para su operación. Esto puede ser visto por la CPI como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de juzgar crímenes internacionales. Teniendo en cuenta que, a raíz del trabajo de la JEP, la CPI decidió levantar el examen preliminar sobre Colombia en materia de investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad”, señaló el magistrado.
Igualmente, aprovechó la oportunidad para llamar la atención del Gobierno Petro por la falta de cumplimiento en sus obligaciones en materia de Presupuesto, con el componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz.
Esto después de conocer que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz fue reasignado. “Este dinero estaba destinado a la implementación de la imposición de sanciones, a través de las que los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades. Esto puede llevar a un escenario en el que la JEP emita sentencias y no existan recursos para ejecutarlas”.
Parte del presupuesto de 450 mil millones de pesos habría sido reasignado pese a que este dinero estaba destinado a la implementación de la imposición de sanciones a través de las que los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades.