En medio del anuncio de imputación contra seis exintegrantes del Secretariado de las Farc por crímenes de guerra frente a reclutamiento de menores, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, le envió un nuevo llamado al Gobierno de Gustavo Petro.
El magistrado Ramelli insistió en que los llamados hechos en días recientes al Ejecutivo al parecer no han tenido el “eco” que esperaban.
Los proyectos restaurativos, según el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que diseñarlos, ejecutarlos y financiarlos el Gobierno. Frente a este tema, pasaría exactamente lo mismo. Necesitamos del apoyo del Gobierno nacional. Necesitamos que la instancia de coordinación, que está prevista en el artículo 205, sea convocada por el Gobierno nacional”, explicó el magistrado.
De no obtener la respuesta gubernamental, las aceptaciones de cargos por parte de los máximos responsables en los casos que existen solamente se quedarán en eso y no habrá reparación para las víctimas, lo cual afecta la búsqueda de justicia.
“Porque si no, finalmente de nada, quedan las aceptaciones y la verdad, si no tenemos esa vía restaurativa en este caso”, precisó el presidente de la JEP, quien se posesionó en ese cargo hace pocos días.
Este miércoles, 13 de noviembre, el magistrado Ramelli explicó que en la nueva imputación de cargos contra seis exintegrantes del Secretariado de las Farc existen dos caminos: que acepten o no acepten cargos.
En el primer escenario, se enfrentan a un juicio como ha sido establecido y en el cual pueden ser condenados a penas entre los 15 y 20 años de cárcel.
En el segundo caso, que vislumbra la aceptación, el escenario es más complejo. Esto debido a que, según explicó el presidente de la JEP, no es solamente una aceptación como en la justicia ordinaria.
“Eso no se trata simplemente de la renuncia a la presión de inocencia, es contar la verdad. Entonces, porque lo que están pidiendo las víctimas es la verdad. Aquí no simplemente yo acepto responsabilidades, no, la condición para estar en la jurisdicción no solamente es reconocer, en el caso de la vía dialógica, sino aportar a la verdad”, detalló.
En la justicia ordinaria se define una pena privativa de la libertad y se deja a un lado la reparación integral de las víctimas. Así como la construcción del relato de verdad de los hechos investigados.
“Entonces aquí los reconocimientos –simplemente acepto todo lo que me está diciendo– no valen. Tiene que hacer un aporte de la verdad. Y eso es lo que se pediría en una audiencia de reconocimiento, como ustedes las han visto en otros casos. Yo no solamente acepto responsabilidad, sino que tengo que entablar un diálogo con las víctimas y tengo que aportar verdad. Eso, por una parte. Ahora, de llegar a aceptar responsabilidad y aportar verdad, las sanciones de cinco a ocho años, que como ustedes saben no son penas privativas de la libertad, sino restrictivas de derechos, que son las sanciones propias”, indicó.
Los seis excomandantes de las Farc imputados anunciaron que revisarán con su equipo jurídico y emitirán una respuesta ante la JEP frente a estos hechos de reclutamiento de niños y niñas durante el conflicto armado.
“En consecuencia, como lo declaramos desde los diálogos en La Habana, reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas Farc-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido”, indicaron en la comunicación.