El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, le respondió al comisionado para la paz, Otty Patiño, quien recientemente sugirió que dicho tribunal tenía los días contados.
Para el magistrado Vidal, es necesario que desde el gobierno se respete la independencia de poderes que está establecida en la Constitución Política. “Nos sorprenden las declaraciones del comisionado de paz”.
En este sentido, aseguró que no es la primera vez que desde el gobierno hacen fuertes señalamientos contra la JEP, sus integrantes y las acciones que se han realizado estos años.
“Esas iniciativas desde el Ejecutivo resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso se construyen sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito”, advirtió.
El presidente de la JEP manifestó su preocupación por las decisiones del gobierno de cambiar el destino de los recursos comprometidos para poner en marcha las funciones de la JEP establecidas en el acuerdo firmado con la guerrilla de las Farc.
“La JEP tiene muy claras sus competencias”, manifestó el magistrado Vidal. “Nosotros no hemos tenido ninguna pretensión de extender nuestras competencias más allá de lo establecido en los acuerdos y la Constitución”.
Cualquier modificación de los tiempos, competencias y funciones de la JEP debe realizarse por medio de una reforma constitucional ante el Congreso. Es decir, no es una decisión autónoma ni de la rama Judicial ni de la Ejecutiva.
“Lo que nos preocupa inmensamente es que el proceso de la JEP, que ya cumple ocho años (…) se vea interrumpido, como lo ha sugerido el comisionado Otty Patiño, sugiriendo que habrá un cierre de la JEP. Ello sin duda representaría una interrupción abrupta del trabajo que venimos haciendo y pondría en grave riesgo el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2016″, aclaró.
El magistrado Vidal reseñó que en conversaciones con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la fiscal General, Luz Adriana Camargo, se les ha puesto de presente la necesidad de cumplir con la división de las funciones establecidas.
“Ellos deben avanzar en la institucionalidad, pero siempre respetando las competencias que nosotros tenemos”, aseveró el presidente de la JEP en su llamado de atención.
Frente a esta situación, el magistrado Vidal manifestó que no se puede perder de vista que “la JEP es un pilar de la institucionalidad de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las extintas Farc (…), tiene la función fundamental de convertirse en garante del cumplimiento de lo pactado en lo que respecta a su componente judicial”.
Por esto, indicó que cualquier incumplimiento en sus funciones de investigar, juzgar y sancionar a implicados en el conflicto armado podría generar una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo, a aquellos comparecientes que pertenecieron a las antiguas Farc y a los miembros de la fuerza pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”, concluyó.