El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, tiene una actitud prudente frente a la propuesta lanzada el pasado viernes por el presidente Gustavo Petro para convocar una asamblea constituyente y que sean los ciudadanos los que avalen las reformas que se han presentado en los últimos meses.
El magistrado Vidal advirtió que no se pronunciará de fondo frente a la propuesta presidencial y que generó un verdadero terremoto político. “Los mecanismos que están en la Constitución pueden ser utilizados por los poderes públicos siempre y cuando se respeten los procedimientos allí establecidos”.
Por eso indicó claramente que prefiere abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento ya sea en pro o en contra de la manifestación hecha desde el Valle del Cauca por el jefe de Estado. Frente a este espinoso tema recordó que la figura de la constituyente es un mecanismo avalado por la Constitución Política.
“Como organismo judicial del Estado y alta corte a nosotros no nos corresponde manifestarnos respecto de las iniciativas políticas que haga el Gobierno que están dentro de sus competencias. Nosotros estamos expectantes al desarrollo de esas iniciativas, de cómo se concretan en propuestas y cómo tendrán su trámite dentro de los poderes constituidos”, precisó el presidente de la JEP.
En referencia a los recientes ataques y propuestas para reformar a esa jurisdicción transicional el magistrado Vidal manifestó que esto hace parte de un continuó debate que debe pasar varios trámites. “Respetamos la competencia que tiene el Gobierno nacional y el Congreso de la República para introducir reformas. Lo que hemos llamado la atención de la opinión pública y de las instituciones es que esas reformas deben atender al marco constitucional primero, pero también a las obligaciones internacionales del Estado colombiano”.
Y es que en las últimas semanas, los exintegrantes del Secretariado de las Farc aumentaron sus cuestionamientos y críticas a la JEP, advirtiendo que no está cumpliendo con la entrega de amnistías e indultos, situación que fue cuestionada desde esa jurisdicción transicional que se conformó tras la firma del acuerdo de paz del 2016.
“A pesar de que en la JEP tenemos un altísimo grado de institucionalización, tenemos un marco legal y especialmente constitucional muy claro, lo que sigue siendo materia de debate político es la consecución de la paz en el país. Y yo creo que todas estas voces que provienen de ahí, que en todo su derecho tienen posiciones al respecto, vienen desde una discusión mayor y que está separada de la jurisdicción, le reitero, y es la discusión sobre la paz”, aclaró el magistrado.