Los recientes fallos emitidos por el Consejo de Estado anulando sanciones disciplinarias de la Procuraduría General contra funcionarios elegidos por voto popular han generado un verdadero choque de trenes. En palabras de la propia procuradora general, Margarita Cabello Blanco, la postura de ese alto tribunal crea un “caos institucional” puesto que no se sabe quién puede investigar y sancionar a aquellos funcionarios que incurran en conductas.
La chispa que generó este debate fue el reciente fallo del Consejo de Estado que anuló la sanción que pesaba desde hace una década en contra del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, por irregularidades en un millonario contrato. En la decisión se consideró que la Procuraduría General no tenía las facultades para destituir e inhabilitar por diez años al mandatario departamental vallecaucano.
“Cuando el Consejo de Estado toma decisiones de aplicar la convencionalidad, está generando un caos inconstitucional porque decisiones de 2015 están siendo ahora revocadas cuando esa sentencia es de 2021″, advirtió el pasado martes la procuradora. Frente a esto, el presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez admitió la complejidad de la situación, pero también aseguró que las decisiones del alto tribunal se han tomado en derecho, evaluando la jurisprudencia.
Recordó que todas estas decisiones se han emitido al revisar minuciosamente los recursos presentados por los funcionarios sancionados, evaluando así si para el momento de los hechos la Procuraduría General podía destituir e inhabilitar para ocupar cargos públicos a estas personas. De esta forma, en algunos casos se ha determinado que el organismo de control disciplinario no contaba con la potestad para esto y en otros se ha ratificado el fallo sancionatorio.
“Algunos magistrados ponentes y algunas salas de sección de la sala contenciosa administrativa del Consejo de Estado han proferido decisiones contrarias en relación con la de conocimiento del recurso extraordinario de revisión sobre las decisiones administrativas, sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad de aquellos, tanto como sobre la competencia de la Procuraduría General de la Nación para proferir tales decisiones”, resaltó el magistrado Rodríguez en el marco del encuentro anual del Consejo de Estado que se adelanta en la ciudad de Bucaramanga.
En una explicación bastante técnica, el presidente del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo reseñó que no está de acuerdo con la creación de otras entidades u organismos que asuman las competencias sancionatorias de la Procuraduría: “No parece oportuno que intereses improvisados de otros órganos entren a disputarse interesadamente estas competencias como si hubiesen sido desestimadas”.
Las críticas de la procuradora
El pasado martes, Margarita Cabello Blanco, procuradora general, sentó su posición frente a lo que ha venido ocurriendo frente a los fallos del organismo de control disciplinario que se han venido cayendo por orden del Consejo de Estado. En su concepto, se está aplicando de manera errónea el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que hace referencia a los funcionarios elegidos por voto popular.
“La decisión de la Corte IDH se profirió en 2021 y las decisiones judiciales empiezan a producir efectos del momento en que se profieren hacia el futuro. Cuando el Consejo de Estado toma decisiones de aplicar la convencionalidad, está generando un caos inconstitucional”, advirtió la jefa del Ministerio Público. En este sentido, aseguró que las funciones que cuenta la Procuraduría General deben ser respetadas y protegidas, haciendo mención al debate promovido por el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios.
De no hacerlo estarían incurriendo en un prevaricato por acción o por omisión. En estos momentos se está evaluando la posibilidad de presentar tutelas para que se revisen los alcances de los fallos emitidos recientemente por parte del Consejo de Estado.