El presidente Iván Duque habló en medios de comunicación sobre el escándalo alrededor del contrato de Centros Poblados que terminó con las destitución de la entonces ministra TIC, Karen Abudinen y la pérdida de 70.000 millones de pesos.
Ante esto, el primer mandatario respondió los interrogantes de los periodistas sobre el dinero que hasta el momento no se ha recuperado.
“Ya están en desarrollo los embargos del MinTic, esperamos que con la mesa en la Contraloría, con embargos adicionales, podamos monetizar sobre esos bienes y recuperar esos recursos [...]. En estos 30 días esperamos que se liquiden y se moneticen estos bienes. Hay equipos en los que estábamos esperando una decisión judicial. Esperamos que con esto, 65 mil millones de pesos se puedan recuperar”, dijo Duque a los micrófonos de Caracol Radio.
Esta noticia trae una luz de esperanza para recuperar los recursos del estado que terminaron en manos de funcionarios corruptos y que puedan ser utilizados para llevar internet a las regiones más alejadas del país.
Hace poco por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal deberán responder en juicio los contratistas Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde por el polémico Contrato 1043 de 2020 firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la unión temporal Centros Poblados.
SEMANA conoció en primicia detalles del escrito de acusación que radicó la Fiscalía General en contra de los tres contratistas, señalados de haber malversado el anticipo de 70 mil millones de pesos, que tenían como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Para el ente investigador, Luis Fernando Duque –representante legal de la unión temporal–, Juan José Laverde –delegado de la empresa Rave Agencia de Seguros– y Emilio Tapia –quien integraba la junta de la unión– falsificaron actas y pólizas de seguros para participar en el proceso licitatorio que se adelantó en julio de 2020, para así recibir el contrato por un valor total de 2,1 billones de pesos.
En el documento, que por reparto cayó en el Juzgado 40 de Conocimiento de Bogotá, se citan chats de WhatsApp, registros de llamadas, documentación y testimonios bajo juramento que ponen en evidencia la forma en que se conformó la “empresa criminal” para resultar beneficiados con la licitación del billonario contrato.
La hipótesis de la Fiscalía General en este caso es clara: Tapia, Laverde y Duque realizaron una serie de acciones que indujeron al error a los funcionarios del MinTIC encargados de la vigilancia del proceso licitatorio y recibir el aval del billonario contrato.
Para destacarse en la licitación presentaron una póliza de seriedad de oferta que les garantizaba responder ante cualquier inconveniente y retraso. Este documento, otorgado por el Banco Itaú, representaba un salvavidas y evitaba la pérdida del dinero que se iba a entregar.
Tras la firma, el MinTIC le entregó los 70.000 millones de pesos del anticipo para la compra de equipos e instalación de los primeros centros virtuales. Sin embargo, se empezaron a presentar constantes incumplimientos y los contratistas nunca presentaron la justificación ante estas demoras.