El presidente de la República, Iván Duque, en diálogo con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, habló sobre la decisión que tomó este jueves la Corte Constitucional, la cual tumbó la modificación de la Ley de Garantías.
“Yo soy respetuoso de la decisión que toma la Corte, no es que se hubiera caído la Ley de Garantías, nosotros nunca pensamos en modificar los principios rectores de la Ley de Garantías. Se buscó una posibilidad de suscribir convenios interadministrativos. El argumento es que esto es una solicitud de alcaldes y gobernadores en todo el país que, como usted sabe, Vicky, les tocó el año 2020 con pandemia y fuera de eso tienen la restricción, no solo de estos seis meses, sino de los seis meses a su salida del cargo. Casi un año con la limitación de no poder suscribir convenios interadministrativos que pueden afectar a sus ciudadanos”, explicó el presidente Duque.
El mandatario también comentó que “acata la decisión” y habló sobre la devolución de los dineros de los contratos.
“Es muy difícil, Vicky, es muy difícil porque, primero, esos convenios ya están firmados; obviamente, hay que mirar el fallo en detalle que dice (que) no tenemos en este momento precisión de esa lectura detallada, de si es un efecto con carácter regresivo; es decir, que prácticamente vuelva al momento original o si es un fallo que tiene aplicación a partir de la vigencia del mismo. Obviamente, lo que muchas veces se ha presentado en situaciones similares es que los efectos son hacia adelante, no hacia atrás. Esperamos ver el contenido de la sentencia para saber exactamente cuál es el nivel de correctivos que debemos aplicar”, comentó el mandatario de los colombianos.
Duque fue enfático en que su gobierno va a acatar el fallo y seguirán los proyectos para el país, hasta el 7 de agosto, cuando terminará su mandato presidencial.
Corte Constitucional tumbó modificación de la Ley de Garantías
Luego de avalar la ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la modificación de la Ley de Garantías que había sido avalada por el Congreso de la República en octubre pasado.
En el debate jurídico se encontró que en la mencionada reforma se presentó una falla en el trámite de la ley, puesto que se presentó como ordinaria cuando debía hacerse como estatutaria. El alto tribunal fue más allá y ordenó devolver el dinero que ya se desembolsó entre las entidades estatales.
Esta modificación les permitía a los alcaldes y gobernadores del país realizar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación durante todo este año y en plena época electoral.
Diversos sectores de la política nacional criticaron esta decisión, pues argumentaban que quitaba el limitante que existía de realizar contrataciones en los años electorales para dar garantías y transparencia al proceso.
La Sala avaló todos los aspectos de la ponencia de la magistrada Fajardo que establecía un efecto retroactivo, esto es, que cada uno de los convenios interadministrativos que se celebraron mientras estuvo vigente la modificación a la reforma, deberán ser liquidados de manera inmediata.
“A partir de la decisión no es posible suscribir convenios interadministrativos al amparo del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, por lo cual aquellos trámites que se encuentran en curso deberán terminarse inmediatamente”, señalaba uno de los apartes de la ponencia que fue estudiada por la Sala Penal.
El debate de este caso tuvo como origen la demanda que presentaron el representante a la Cámara, José Daniel López, y el ahora senador electo, David Luna, quienes señalaron que se había presentado un verdadero “mico” en la presentación y aprobación de esta reforma, citando de esta forma constantes y muy serias irregularidades, entre ellas haberla radicado dentro de una ley de presupuesto que no tenía nada que ver con el tema de las garantías.