Mientras, por un lado, se cuestionen nombramientos tan polémicos en cargos de alta gerencia en el Gobierno Nacional, incluso en embajadas, en otros escenarios se le reprocha al presidente Gustavo Petro la falta de otros nombramientos en entidades como las Corporaciones Autónomas Regionales.
Anticipa, la Procuraduría, que la falta de esos nombramientos constituye un incumplimiento a varios decretos y normas fijados en la misma ley, “advirtiendo que en la gran mayoría no se ha designado a los nuevos representantes, por lo que se podría estar incumpliendo lo previsto en la Ley 99 de 1993, y en el Decreto 1076 de 2015″, señaló la Procuraduría.
En los ejercicios de control y vigilancia que adelanta la Procuraduría en las Corporaciones Autónomas Regionales, lograron advertir que no se han hecho los nombramientos, incluso los mismos integrantes de estas entidades, hicieron las denuncias correspondientes, porque la ausencia de esos cargos en propiedad, dificulta la labor que tienen como competencia.
“La Procuraduría recordó que estas designaciones son fundamentales para garantizar que la toma de decisiones se realice con la totalidad de los miembros, en atención al principio democrático y de mayor representatividad en dichas instancias directivas”, señaló el ministerio público.
En ese mismo llamado de atención de la Procuraduría a la Presidencia de la República, se hizo una solicitud formal al primer mandatario para que explique cuál es la situación de estos nombramientos, por qué no han ocurrido y cuál es el término que tiene para avanzar en lo que desde ya, se considera un problema para estas corporaciones, con funciones tan elementales y prioritarias para el propio presidente, como la protección del medio ambiente.
“La solicitud enviada por la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero y Energéticos y Agrarios pidió a la Presidencia informar cuál es el estado actual de los nombramientos, indicando, además, la fecha prevista para culminar con dichos procesos; solicitud extendida a la Ministra de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en su condición de cabeza del sector ambiental y coordinadora del SINA, así como al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República”, señala el comunicado de la Procuraduría.
En la misma advertencia, la Procuraduría deja en claro y de manera tácita, cuáles son las normas que se estarían afectando con las decisiones o la falta de decisión del presidente de la república, a la hora de hacer los nombramientos en las Corporaciones Autónomas Regionales.
“En el ejercicio de vigilancia y acompañamiento que realiza el Ministerio Público a los procesos de elección de los directores y directoras generales de la CAR y de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro en los consejos directivos”, resaltó el ministerio público.
Justamente, este sábado, la Procuraduría formuló pliego de cargos en contra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, por el nombramiento, como embajador de Colombia en México, de Álvaro Moisés Ninco.
En criterio del Ministerio Público, ese nombramiento no cumplió con los requisitos de ley, ni el mínimo de experiencia, lo que vulneró principios fundamentales como la moralidad y la igualdad baluarte que el gobierno ha resaltado como columna vertebral de una buena administración.