Desde Estados Unidos, el presidente Iván Duque explicó por qué es necesaria la eliminación de la Ley de Garantías en el país, que se creó por cuenta de la reelección presidencial en Colombia. El mandatario reconoció que no estuvo de acuerdo con acabar esa norma cuando un presidente de Colombia podía reelegirse, pero contó que en este momento esa ley no tiene ningún fundamento.
“Hay que recordar el contexto, porque cuando yo era senador apoyaba la Ley de Garantías porque había reelección, ya en Colombia no hay reelección y hay una circunstancia distinta”, dijo Duque.
Agregó que en medio de todas las afectaciones económicas que hay en el país por cuenta de la pandemia del coronavirus y las afectaciones en programas de gobierno de alcaldes y gobernadores, tampoco sería positivo mantener dicha prohibición. “Piensen en los alcaldes y gobernadores que se eligieron y que tomaron posesión en enero de 2020 y están en medio de la pandemia que ha truncado las aspiraciones y programas”, afirmó.
Para el presidente, si se aplicara la Ley de Garantías para los actuales alcaldes y gobernadores, sencillamente no habría contratación y se perderían muchas obras que se deben hacer de inmediato. “Limitar con una Ley de Garantías su trabajo traduce que perderían un año más de lo que ha pasado por la pandemia. No es un cheque en blanco, sino tomar definiciones conjuntas para que se ejecuten proyectos para las comunidades”, aseguró.
Eso sí, dejó claro que lo aprobado en primer debate en el proyecto de presupuesto no será un camino a la corrupción y que por eso “los organismos de control deben hacer seguimiento a todos estos proyectos; esto se busca para mejorar la reactivar la economía y se debe luchar contra la corrupción”.
En un comunicado conjunto, la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales hicieron un llamado conjunto a los congresistas para que le den luz verde a esa propuesta del Gobierno que levantaría las restricciones contempladas en la Ley 996 de 2005. La carta está firmada por el director de Fedepartamentos, Didier Tavera; el director de Fedemunicipios, Gilberto Toro, y la directora de Asocapitales, Luz María Zapata.
“Se ha demostrado que esta ley está desactualizada, no corresponde al escenario actual y ha creado más limitaciones y desincentivos a la gestión pública que cualquier otro beneficio”, dicen.
Uno de los argumentos sería el enorme impacto fiscal que causó la pandemia en todo el país y del que hasta ahora empiezan a recuperarse las regiones. Calculan que esto hizo regresar a unos 3 millones de colombianos a la pobreza y, durante un año y medio, las entidades territoriales tuvieron restricciones que no les permitieron operar con normalidad.
El presupuesto nacional ya fue aprobado en primer debate y se espera que en los próximos días las plenarias de Senado y Cámara asuman la discusión de la carta financiera para la operatividad del Estado colombiano en 2022, que está aforado en 350,4 billones de pesos.