El presidente Juan Manuel Santos sancionó este viernes en la Casa de Nariño la histórica Ley de Víctimas, un proyecto que fue calificado por el propio mandatario, el día de su posesión, como el principal paso para “sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”. Ese día, el 7 de agosto de 2010, Santos también se comprometió con una ley de tierras para que los terrenos que han sido despojados regresaran “a las manos campesinas, a las que de verdad las trabajan con vocación y con sudor”. Ese capítulo de tierras fue incluido en la ley. Un mes y medio después, el 27 de septiembre de 2010, el jefe de Estado, en lo que fue un mensaje político decisivo para la aprobación de la iniciativa, radicó el proyecto personalmente en el Congreso. Y este viernes, ocho meses después, Santos sancionó la ley en un acto que contó con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La ley, que tendrá una vigencia de 10 años, también recibió la rúbrica de los ministros de Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras; de Agricultura, Juan Camilo Restrepo; y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Durante su discurso de este viernes, el jefe de Estado recordó cuando radicó personalmente el proyecto de Ley de Víctimas. Ese día –rememoró– dijo que si lograba aprobar esa normativa habría valido la pena haber sido presidente. Tras sancionar la ley, Santos reafirmó ante varios de los asistentes “que valió la pena para ustedes haber sido electos congresistas y para mí haber llegado a la Presidencia de la República”. El mandatario afirmó que “esta ley no es un puerto de destino, sino apenas la grilla de partida. Es ahora cuando se pone a prueba la capacidad y la voluntad no solo del Estado sino de toda la sociedad colombiana para cumplirles a las víctimas”. Santos Calderón recordó que las víctimas serán acogidas para su reparación a partir del primero de enero de 1985 y las restituciones de tierra desde el primero de enero de 1991. A esto se suma –agregó– la garantía de no repetición. “Las reparaciones son mucho más que un cheque o un pedazo de tierra, La reparación implica ayudar a las víctimas a reconstruir sus proyectos de vida y a eso le apostamos de manera primordial”, manifestó. En cuanto al capítulo de indemnizaciones administrativas, el Presidente destacó que las víctimas tendrán la opción de recibir un mayor resarcimiento en metálico si suscriben un contrato de transacción renunciando a una posterior demanda contra el Estado. Sin embargo, toda víctima mantiene su derecho de demandar y obtener reparaciones de los criminales o grupos armados ilegales que hayan sido sus victimarios. “Lo que hoy empieza no es un proceso de resultados inmediatos”, dijo Santos al pedir “mucha paciencia” a las víctimas. Dijo que la meta principal para este año es reparar al menos 25.000 hogares a través de indemnizaciones colectivas y que al menos otras 20.000 familias retornen a sus lugares de origen con incentivos y acompañamiento. También expresó que este es un primer paso a la reconciliación, que se da sin terminar el conflicto. “Que los violentos entiendan que los cambios que alguna vez pretendieron dar con las armas, se pueden alcanzar mejor dentro de la democracia sin causar dolor ni muerte”. Finalmente, el Presidente indicó que la Ley de Víctimas se trata de “uno de los mejores frutos” de la Unidad Nacional, “porque las víctimas no tienen color político y esta ley se convirtió en un propósito de la sociedad colombiana en su conjunto”. “Paso fundamental para resolver el conflicto” En su declaración en el acto de sanción de la ley, Ban Ki-moon manifestó su apoyo a esa normativa e indicó que “es un paso fundamental para resolver el conflicto que ha padecido Colombia durante décadas”. El secretario reconoció que en la ley hay diferenciación de los tipos de víctimas, ya sean éstos mujeres, niños o desplazados. “La ley prepara el terreno para la justicia y es ambiciosa al buscar la restitución de 3.5 millones de desplazados y cerca de 500.000 personas más que sufrieron violaciones a sus derechos”. Ban Ki-moon afirmó que la normatividad hay que reforzarla en el sentido de que nadie debe quedar excluido dado que cualquiera puede sufrir violaciones a sus derechos, inclusive, “los miembros de los grupos armados, especialmente los niños que fueron reclutados”. Además, consideró que solamente la ley no es suficiente y subrayó que “la implementación debe ser apropiada. Solo así se podrá determinar si se cumplen las expectativas”. Así mismo, resaltó que el Gobierno “debe garantizar la protección de la seguridad y el bienestar de todas las personas que buscan la reparación de sus derechos”. Finalmente, Ban Ki-moon felicitó al Estado colombiano por apoyar a las víctimas y por escucharlas. “El trabajo hasta ahora comienza, pero cuenten con el apoyo de las Naciones Unidas”, puntualizó. Trámite ágil La Ley de Víctimas vivió su último capítulo en el Congreso de la República el pasado primero de junio, cuando las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron la conciliación del texto. Ese día, los representantes a la Cámara aceptaron que la ley correspondiera al texto que aprobó el Senado en la noche del 24 de mayo. De esta manera, la Cámara cedió en varios puntos neurálgicos. Por ejemplo en la fecha de reparación pecuniaria, que será a partir del primero de enero de 1985, y no a partir del primero de enero de 1991, como lo había aprobado la plenaria de la Cámara. Para que los representantes cedieran en sus pretensiones, dos hechos fueron determinantes. Primero, la jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que para las conciliaciones se debe acoger uno de los dos textos aprobados y no revivir debates o discusiones. El segundo, que los senadores reconocieron que la columna vertebral de la Ley de Víctimas fue la que aprobó la Cámara de Representantes el semestre pasado y que el Senado se encargó de pulir y afinar algunos términos, según explicó el senador liberal Juan Fernando Cristo, uno de los ponentes e impulsores de la norma. También se reconoció que durante el debate en el Senado hubo más participación del Gobierno, directamente del presidente Juan Manuel Santos, para lograr los consensos políticos en torno a la ley.