Una nueva investigación recae sobre el posible escándalo de corrupción que hoy tiene en la picota pública al presidente del Senado, Iván Name; de la Cámara, Iván Name; a la consejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, y a otro círculo cercano al presidente de la República, Gustavo Petro. Esta vez la investigación disciplinaria la abrió la Procuraduría General de la Nación.
“Ante la gravedad de los hechos denunciados relacionados con presuntos actos delictivos y de corrupción que involucran, al parecer, a altas dignidades del orden no legislativo y a otros funcionarios del Estado, he ordenado que se proceda con las actuaciones disciplinarias pertinentes y, además, con un completo recaudo probatorio para aclarar esas denuncias”, indicó la procuradora Cabello.
Esas altas dignidades que no son parte del Congreso de la República hacen referencia a funcionarios como la consejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, quien fue identificada por el exdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, como la “mensajera” que le llevó los 3.000 mil millones de pesos en efectivo empacados en maletas al presidente del Senado, Iván Name.
Pero el propio senador Name y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, también serán objeto de esta investigación que trata de determinar si los actuales congresistas habrían recibido la suma de 4.000 mil millones de pesos que salieron del contrato de los carrotanques para La Guajira con el fin de que colaboraran con las reformas del Gobierno de Gustavo Petro, según relato de Sneyder en esta revista.
La nueva investigación disciplinaria también pone en el punto de mira a otros altos funcionarios mencionados por el exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD) como los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco; de Hacienda, Ricardo Bonilla; de Minas; Andrés Camacho, y otro puñado de personas cercanas al presidente Gustavo Petro.
Con esta orden de la procuradora Cabello, se “pidió un completo recaudo probatorio para esclarecer las denuncias ventiladas de manera pública, que hablan de la entrega de altas sumas de dinero como parte de sobornos entregados durante el desarrollo de procesos de contratación en el país”, informó el ente de control.
Esta nueva investigación por el escándalo de corrupción en el contrato con el que se compraron 40 carrotanques para suministrar agua en el departamento de La Guajira se conoce minutos después de que la Corte Suprema de Justicia también anunció la apertura de una investigación penal contra el presidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle tras los espinosos señalamientos de Pinilla contra los dos aforados.
En diálogo con SEMANA, Pinilla explicó que para conseguir la millonaria suma de dinero que le entregó a Name y a Calle, nació “el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle… la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos… ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”.
Así mismo, entregó detalles del papel que cumplió la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, asegurando que “ella era la mensajera. Por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera”.