La extorsión es uno de los grandes desafíos de las autoridades en Colombia. Ese fenómeno azota a las comunidades y, lo más lamentable, muchas veces quienes lo hacen se encuentran recluidos en las cárceles del país. Ejemplo de ello es lo que sucede en Tuluá, Valle del Cauca, donde los casos de extorsión cometidos por privados de la libertad cada vez son más.
Esa situación fue denunciada por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, durante el debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
“Lo que está ocurriendo en Tuluá es inadmisible, unos señores desde una cárcel, aterrorizando a toda una ciudad y tratando de influir en el debate electoral”, dijo el ministro del Interior, quien aseguró que ya los tienen identificados.
Sin embargo, parece que no sirviera de nada que los tengan identificados, pues ellos siguen delinquiendo desde las celdas. “Con el Inpec tratamos de moverlos; a veces hay reacciones complejas porque por amparos Constitucionales los devuelven a cárceles donde pueden seguir extorsionando”.
Alerta de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral que termina el próximo 29 de octubre, cuando se celebran los comicios regionales en todo el territorio nacional. Así lo revela la Alerta Temprana 030 del 2023, que da a conocer el mapa de riesgo y los generadores de violencia.
“Hemos emitido esta alerta temprana electoral para que el Estado y toda la institucionalidad puedan prevenir escenarios de riesgo y conductas que vulneren los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la presentación del documento de advertencia.
La alerta revela que 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).
Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).
El equipo de la Defensoría del Pueblo también identificó que 286 municipios están en riesgo alto, 184 en medio y 93 en bajo, que sumado con lo de riesgo extremo, representan 676 municipios advertidos en 2023. Para estas elecciones aumentó 39 % el número de municipios en riesgo en comparación con los comicios regionales de octubre del 2019, es decir, 274 municipios más.
El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha permitido identificar la presencia, tránsito o injerencia de los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones. Entre los más relevantes están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido el 56 % en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal.
“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, concluyó Carlos Camargo.